El PSOE cita a tres fiscales en la comisión de investigación por la compra de mascarillas>
Hasta ahora, el PSOE se había negado a llamar a jueces y fiscales en las comisiones de investigación, si bien es cierto que lo hacía en el marco de las del 'lawfare', en las que sus socios independentistas pretenden esclarecer la presunta persecución judicial contra los separatistas. En este caso, se llama a los fiscales como expertos en materia anticorrupción, aunque esto no deja de ser anómalo y más aún cuando investigan causas abiertas. Según fuentes parlamentarias, no constan precedentes de fiscales que hayan acudido a declarar en una comisión de investigación del Congreso, aunque tampoco garantizan que no exista ningún antecedente en las primeras legislaturas de la democracia.
El hecho de que se acepte introducir a fiscales en la lista de comparecientes de una comisión de investigación —la de las mascarillas ha sido aprobada este martes con la oposición de PP y Vox— abre la puerta a que se pueda hacer lo mismo en las del 'lawfare', donde los independentistas quieren fiscalizar a jueces y fiscales. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha negado a ello en diversas ocasiones y ha asegurado que esos órganos —aprobados por exigencia separatista para hacer presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol— no se utilizarán para someter a examen la acción de la Justicia. En concreto, esas comisiones versan sobre el caso Pegasus, la operación Cataluña y los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona).
El listado inicial del PSOE recogía solo 84 nombres, pero tras días de negociaciones con sus socios se ha ampliado este martes hasta los 134. Al margen de estos fiscales, los socialistas han aceptado incluir perfiles técnicos y han cedido también para que comparezca su excompañero José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del partido cuya antigua mano derecha, Koldo García, da nombre al caso precursor de esta comisión de investigación. Los socialistas, no obstante, amplían el foco a todas las administraciones públicas y centran el tiro, especialmente, en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.