La Comisión de Venecia considera que “la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías”
La Comisión de Venecia entiende que las leyes de amnistía tienen que responder a “un objetivo legítimo en interés de la comunidad”, como lo es, entiende el organismo consultivo del Consejo de Europa, “la unidad nacional y la reconciliación social y política”. Así lo recoge en el borrador de su dictamen sobre la ley de amnistía que se tramita en las Cortes, y tras aceptar una petición del Senado, presidido y con mayoría del PP, para que valorase la norma. Sin embargo, la comisión entiende que la tramitación por la vía de urgencia no es apropiada para las leyes sobre este tipo de medida de gracia. Su consideración no se refiere específicamente a la norma española, sino que atiende, asegura el organismo en el documento, a consideraciones generales sobre cómo deben abordarse la regulación de amnistías en los Estados europeos.
“Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad; cuanto más radicales sean las amnistías, más legítimo debería ser el objetivo”, señala el organismo. “La unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías. En opinión de la Comisión [de Venecia], la proporcionalidad requiere que, en cada caso dado, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr en última instancia la unidad y la reconciliación”. La reconciliación en Cataluña ha sido una de las principales justificaciones de la proposición de Ley impulsada por el PSOE en las Cortes.
Sin embargo, la Comisión pone un pero que afecta a la actual tramitación, que se adoptó por el procedimiento de urgencia, un extremo que, sin mencionar específicamente a la norma española pero sí a cuestiones generales sobre la tramitación, el dictamen censura. “Los procedimiento de urgencia no son (...) apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo comprometida de esas leyes”.
La Comisión se precave y señala que no va a entrar en la discusión política, y “en particular”, que no comentará acerca de “la conveniencia del proyecto de ley de amnistía, ni sobre su idoneidad para lograr su objetivo declarado, ya que estas son decisiones políticas que corresponde tomar al Gobierno y al Parlamento español”.
También acerca de las dudas sobre la constitucionalidad de la norma, la Comisión de Venecia señala que no es competente para comentarla, pues se trata “de un asunto que en última instancia corresponde decidir al Tribunal Constitucional español, y sobre el que los expertos constitucionales españoles deben debatir”. Tampoco entra a valorar si la norma que se debate en España es compatible con el derecho comunitario.
A mediados de diciembre, el pleno de la Comisión de Venecia, un órgano dependiente de esta institución compuesta por 46 Estados del continente, aceptó la petición del Senado español para que emitiera un informe dando su opinión sobre el proyecto de ley que se tramita en las Cortes para amnistiar los delitos que se hubieran podido cometer durante el procés.
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