«Nos toca ser positivos», ha dicho este jueves la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que encabeza las negociaciones con el ministerio de Política Territorial dirigido por Ángel Víctor Torres. A los diez traspasos ya efectuados en la presente legislatura (ordenación del litoral, autorizaciones de empleo para extranjeros, salvamento marítimo...) se une un extenso listado de materias que están sobre la mesa de negociación, entre las que destaca, además de la titularidad del puerto de Pasaia, la gestión económica del régimen de la Seguridad Social o de los procesos a seguir en la convocatoria de elecciones municipales en la región.
En cuanto al enclave marítimo, donde el Gobierno vasco está teniendo problemas para gestionar la seguridad (recurriendo a efectivos de la Guardia Civil desde que esta competencia fue traspasada a la Ertzaintza), el cambio de cromos implica el traspaso de «bienes, derechos, personal y recursos». Es decir, sería la comunidad autónoma quien asumiese la gestión directa mediante una modificación de su régimen competencial a través de un real decreto. Algo que no se plantea para el puerto de Bilbao, también de «interés general», para el que reclaman «adecuaciones normativas» para reforzar su «cogestión».
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La diferencia entre ambos radica, según explican, en que el de Pasaia no cuenta con carácter estratégico en materia «económica», «militar» o de las «telecomunicaciones». En ese sentido, si bien Ubarretxena ha dicho estar trabajando junto al PSE (socio minoritario en el Gobierno de coalición vasco) en los traspasos con «total lealtad y colaboración», los socialistas no han tardado un solo día en poner en cuestión esa afirmación. «¿Por qué se pone en riesgo Pasaia y no Bilbao», ha escrito en X el secretario general del PSE en Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, advirtiendo sobre posibles consecuencias en la «competitividad del puerto, la pérdida de puestos de trabajo y en las empresas».
Seguridad social, paradores, permisos de conducir...
A este traspaso, a tratar con distintos ministerios hasta final de año, se unen los relativos a la Seguridad Social. Un bloque sobre el que ya figuran algunos como el del Ingreso Mínimo Vital o acuerdos en materias como las prestaciones y subsidio por desempleo. Ahora, piden dar el paso para cumplimentar el Estatuto con la gestión del resto de prestaciones contributivas y la gestión directa del régimen de la Seguridad Social. Para esto último el Gobierno vasco plantea crear su «propia entidad gestora», aunque insiste en que esto no supone «alterar la normativa» estatal, ni «fragmentar la unidad del sistema».
Además, el Gobierno vasco quiere asumir la titularidad de los dos Paradores Nacionales ubicados en el territorio autonómico, el de Hondarribia (Guipúzcoa) y Argomaniz (Álava). También, en materia de seguridad pública, la capacidad para expedir permisos de circulación, la matriculación de vehículos o la organización de exámenes y del personal examinador. En este último punto, aclaran, la propuesta es seguir desarrollando la normativa del Estado, y que no sería el País Vasco quien diese en último término el carnet de conducir.