El PP desconfía de que exista realmente el dictamen que esgrime Montero para evitar el bloqueo presupuestario
El Gobierno ya tiene techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Casi 200.000 millones de euros, según aprobó ayer el Consejo de Ministros, en lo que supone un nuevo máximo histórico y un incremento del 0,5% respecto al límite del año pasado. Esto, unido al dictamen de la Abogacía del Estado que el lunes esgrimió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para evitar el bloqueo presupuestario del PP en el Senado, despeja notablemente el camino del Ejecutivo hacia unas nuevas cuentas públicas.
Pero el Partido Popular tiene muchas dudas de que ese documento exista realmente y de que, si lo hay, contenga las conclusiones que expone la también vicepresidenta cuarta. La ley marca que el Senado, en donde el PP tiene mayoría absoluta, puede rechazar el objetivo de déficit y hacer que se tengan que utilizar los de las anteriores cuentas públicas. Pero en 2023, al estar todavía suspendidas las reglas fiscales europeas, no había unos objetivos de déficit al uso sino simplemente una senda.
Ante esta situación y contando con el más que posible rechazo del PP, Montero preguntó a la Abogacía del Estado, que decretó que si los objetivos marcados por el Gobierno se rechazan por dos veces en alguna de las cámaras, los Presupuestos se deberán confeccionar con la senda definida en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo remitió a Bruselas en primavera. En ningún caso, según explicó la ministra, las cuentas decaerían.
Y de eso es de lo que desconfía el PP que, a través de su vicesecretario económico, Juan Bravo, y de los portavoces adjuntos Jaime de Olano y José Vicente Marí, han solicitado a la mesa del Congreso más información. Por ejemplo, quién y cuándo encargó el citado informe: qué abogado o abogados del Estado lo firman; cuándo recibió Montero el documento; cuál es su base jurídica; o si la ministra «utiliza habitualmente a la Abogacía del Estado para intentar sortear la aplicación de leyes como ha hecho en este caso».
«Montero utiliza el informe para saltarse una ley que es taxativa», incide De Olano en conversación con este periódico, y en referencia a la obligación legal de que el objetivo de déficit sea aprobada por Congreso y Senado. Hace referencia además a un caso similar ocurrido en 2019 en el que Hacienda aludió a una consulta oral, y apunta incluso a un posible «fraude de ley».
En Hacienda, por su parte, insisten en que el documento es totalmente real. Que las conclusiones, además, están por escrito, y mantienen lo que el lunes apuntó la propia Montero: «Habrá Presupuestos». Esas cuentas, además de contar con el mencionado techo de gasto récord, estarán elaboradas con el compromiso de reducir el déficit presupuestario hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB).
Eso supondría que España cumpliría con las reglas fiscales europeas, que en 2024 ya volverán a estar vigentes, aunque los principales organismos nacionales e internacionales no son tan positivos como España. La Comisión Europea, por ejemplo, estimó hace unos días que el desvío presupuestario sería en realidad del 3,2% y, además, advirtió de que la situación fiscal de España es «muy difícil».
Por ello, la Comisión Europea pidió al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de contención de deuda pública, que es lo mismo que en infinidad de ocasiones han solicitado el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La respuesta de Hacienda a estas peticiones siempre ha sido la misma: ignorarlas. Y en estas cuentas volverá a ocurrir lo mismo.
«Este Gobierno se guiará, como el anterior, por el rigor en las cuentas públicas y la prudencia a la hora de presupuestar por el compromiso con la consolidación fiscal», afirmó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a lo que añadió que las cifras son «realistas», «prudentes», y que incluso habría margen para prorrogar algunas de las medidas anticrisis aunque sobre este punto no quiso adelantar nada.
«Es una decisión que adoptaremos antes de que acabe este mes en función de los últimos datos que tengamos disponibles, pero siempre pensando en el interés genera», afirmó. Pero de un posible plan de contención, ni rastro.