El MIR cubre todas sus plazas por primera vez desde la pandemia
Los médicos de familia lo celebran, pero se mantienen escépticos por si hay renuncias
El inicio de la crisis se remonta a hace casi dos años cuando abandonó el comité su coordinador por desavenencias con el Ministerio de Sanidad con respecto al diseño de las pruebas. Con él dejó el órgano también otro de sus miembros (sus nombres no se conocen porque hay exigencia de confidencialidad).
Los cinco expertos que conformaban el comité desde entonces saltaron del barco hace diez días por su total desacuerdo con los cambios planteados en las pruebas por el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García. Cada uno de los miembros del comité está apoyado por 15 colaboradores de diferentes especialidades, hospitales y centros de salud, que ayudan en el procedimiento de elaboración de las cuestiones. En total preparan unas 400 preguntas, de entre las que los expertos escogen las 200 que componen la prueba cada año.
Según ha podido saber ABC, el ministerio pretende ahora rebajar de 15 a cinco los colaboradores en los que se apoyan cada uno de los expertos del comité y también reducir la retribución que reciben cada uno de ellos por cada pregunta que formulan. Hasta ahora les abonaban unos 15 euros por cada cuestión que ascendían a 25 si ésta iba acompañada de una imagen original. Ahora, la cartera de Mónica García pretende, según han avanzado a este diario, pagar las preguntas a 9 euros. Los cinco miembros del comité cobraban una partida fija por su trabajo que, al parecer, también sufrirá recortes. Su retribución está aún por definir, en espera de que el Ministerio de Función Pública asigne una partida.
Los integrantes del comité dimitido coinciden al afirmar que los recortes económicos «no han sido el motivo de su dimisión en bloque». Les mueve, según afirman, «el convencimiento de que el cambio en las pruebas va a rebajar la exigencia de las mismas y va a desvirtuar su función, que es la de hacer de filtro para el acceso a las especialidades médicas». «Las pruebas deben ser lo suficientemente discriminatorias para que los facultativos buenos puedan diferenciarse de los que no lo son», arguyen fuentes próximas al comité. Creen, asimismo, que «al rebajar el número de colaboradores a cinco en lugar de 15 habrán representadas en las pruebas menos especialidades y eso irá en detrimento del examen y también, en última instancia, de los cerca de 14.000 examinados».
No obstante, el hecho de que el ministerio siga sin concretarles la partida les parece «una falta de respeto hacia unos profesionales que llevan años de dedicación a la elaboración de las pruebas». «Nadie estaba en el comité por dinero, pero lo que están haciendo es una falta de respeto», mantienen. Aseguran, asimismo, que la labor del comité de expertos ha sido siempre bien considerada por el ministerio. «Casi nunca impugnaban las preguntas. La única crisis se produjo en la convocatoria de 2024 con una pregunta, que, pese al revuelo, no fue anulada».
La pregunta polémica era la número 84 de la prueba del año pasado en la que se planteaba el caso de un médico de 50 años que «con frecuencia acumula un retraso de dos horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes». En el planteamiento, describía que el facultativo en cuestión empezaba su jornada antes de la hora «pero siempre es el último en salir». Acto seguido daba a los examinados cuatro posibles respuestas como «orientación diagnóstica»: «Trastorno esquizoide de la personalidad; trastorno narcisista de la personalidad; trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad; o trastorno de la personalidad no especificado». Las redes sociales no tardaron en explotar para denunciar la pregunta, catalogándola de «falta de respeto» o «culpabilizar a un trabajador por la precariedad de las condiciones laborales». Parte del colectivo médico expresó su desacuerdo con la pregunta y algunos facultativos expresaron también su rechazo a la pregunta en las redes sociales. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, cargó también contra la pregunta pero no fue impugnada.
Según ha podido saber ABC, el ministerio está buscando expertos para el nuevo comité encargado de elaborar el examen. Portavoces de la cartera de Mónica García, consultados por este diario, no han confirmado este extremo ni aún han dado su versión de los hechos. El examen del MIR, al igual que el del resto de las pruebas para las otras seis titulaciones que contempla la Formación Sanitaria Especializada (FSE), se convoca anualmente –en enero– y tiene lugar al mismo tiempo en todas las sedes habilitadas por el Ministerio de Sanidad en los distintos puntos del país.
Consta de cinco modelos diferentes con 200 preguntas cada uno más diez de reserva en previsión de que el comité de calificaciones, otro comité designado por el ministerio que conoce las preguntas el mismo día del examen y tiene la potestad de impugnar aquellas que considere impugnables, pueda anular alguna. La prueba dura cuatro horas y media. La nota obtenida, junto con el expediente académico, determina el orden de elección de especialidad y hospital en el que el facultativo realizará sus años de residencia.