Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo han enviado al Ministerio de Trabajo un informe de alegaciones al anteproyecto de ley para la reducción de la duración máximo de la jornada. En él, concluyen que dicha reducción es «un ejercicio de autoritarismo que tendrá efectos muy negativos sobre el tejido empresarial, el mercado laboral y la competitividad de nuestro país».
Concretamente, las críticas del área que dirige la consejera Rocío Albert se centran en cinco aspectos: no ha habido acuerdo con los agentes sociales, sino sólo «con los dos sindicatos más representativos, pero no de las organizaciones empresariales más relevantes», y además reduce notablemente el peso de los convenios colectivos, dice.
El presidente de UNO, Francisco Aranda, hace un llamamiento a la cautela ante la naturaleza estacional de estas contrataciones y la inestabilidad política y regulatoria, al tiempo que insta al Gobierno a fomentar la productividad
En segundo lugar, creen que hay «falta de solvencia técnica y de análisis de impacto de la normativa que se pretende poner en marcha», y además «los analistas externos advierten de que poner en marcha esta normativa desencadenará un impacto económico negativo muy relevante».
En tercer lugar, señalan en sus alegaciones los expertos de la Consejería de Economía que «el texto destila ideología y carece de rigor científico». y citan como ejemplo de ello que en la exposición de motivos se señala que el tiempo de trabajo «es un tiempo que se enajena durante el cual las personas trabajadoras se encuentran bajo el poder de otra persona».
Un cuarto punto indica que el anteproyecto «genera inseguridad jurídica y un previsible aumento de la conflictividad laboral». Y por último, «supone nuevas cargas burocráticas y costes laborales para el empresario que son inasumibles, especialmente para los autónomos y pequeños empresarios, que son la mayor parte del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid».
Según el informe en el que ha trabajado la Consejería de Economía, que utiliza datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en España ya hay 1.186 convenios colectivos con horarios inferiores a las 37,5 horas a la semana, que afectan a 1,3 millones de trabajadores en 26.600 empresas.
Por otro lado, según datos del INE, las horas efectivas de trabajo semanales en 2023 fueron en España 36,4, situándose en el entorno de la media de la Unión Europea (36,1), y fueron ya inferiores al tope que quiere establecer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. España se sitúa al nivel de países como Italia (36,1), Francia (36) o Suecia (35,7).
Le critican a la titular de Trabajo que pretenda «sustituir la negociación colectiva por la imposición gubernamental», porque «prescindir de las organizaciones empresariales es ir en contra del derecho a la negociación colectiva laboral y a la fuerza vinculante de los convenios establecidos en el Art. 37.1 de la Constitución».
Por otra parte, también les parece que el anteproyecto «quebranta claramente la libertad de empresa, al restringir parte importante del contenido del poder de organización de las empresas». Y critica la «ingenua consideración de que trabajadores que trabajen menos tiempo por el mismo sueldo serán trabajadores más contentos y comprometidos con su desempeño y ello hará que, automáticamente, las empresas empleadoras sean más productivas, eficientes y competitivas».
Concluyen señalando que «no se han medido ni las cargas administrativas ni el impacto económico ni las consecuencias organizativas que el anteproyecto de ley puede generar, sobre todo teniendo en cuenta que el tejido empresarial nacional se compone en su práctica totalidad por pequeñas empresas». Especial perjuicio va a causar, creen, en sectores como Agricultura, Comercio, Información, Comunicaciones y Hostelería.
Recuerda también lo que ya recogía el estudio de Cepyme 'Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme', elaborado en junio de 2024, que refleja que la reducción de jornada conllevaría un coste asociado que ascendería, según una estimación conservadora, a unos 42.400 millones de euros. Esta cifra conlleva un coste directo de unos 11.800 millones de euros por las horas de trabajo que se dejarían de trabajar pero que se continuarían remunerando, a los que habría que sumar 30.600 millones de euros, que es el valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo.