La juez de la dana apunta a la «palmaria ausencia» de alertas: el aviso fue «tardío» y «errado en su contenido»
La juez que instruye la causa penal abierta sobre la catastrófica dana del 29 de octubre, con 224 muertos y tres desaparecidos en la provincia de Valencia, señala que «la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos y el objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse».
Así se ha expresado en un auto del 17 de febrero, consultado por ABC, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias tras la tragedia, que se ciñen a los decesos y a las lesiones que precisaron asistencia médica más allá de una primera atención.
«La tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación, se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político. Es el nexo causal lo que ha determinar las pruebas a adoptar en un proceso penal. En caso contrario la investigación se convertiría en un análisis de la actuación durante el 29 de octubre de todas las administraciones desvinculada de los tipos penales», sostiene.
En otro escrito del mismo día, también consultado por este periódico, la magistrada pone de manifiesto que el mensaje de Protección Civil enviado a los teléfonos móviles de la población a las 20.11h de aquella fatídica jornada, para evitar desplazamientos, fue «notablemente tardío» y «errado en su contenido», pues «muchas víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública». Los daños materiales «no se podían evitar, las muertes sí», asevera.
Según publica este miércoles La Vanguardia, que recoge el testimonio de dos técnicos presentes, la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas esperó a que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegara a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para ordenar que se lanzara el aviso a través del sistema Es-Alert.
Como viene informando ABC, la magistrada ha requerido a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana para que «manifieste, de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad» en el Cecopi distinta de las 29 personas y organismos a los que se convocó aquella fatídica tarde.
Una información que considera «relevante» por «el tiempo transcurrido entre la convocatoria a las 17:00 horas y la remisión del mensaje -de alerta masiva a la población- a las 20:11 horas». El propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asistió a esa reunión alrededor de las 19 horas.
La instructora ha dado tres días hábiles de plazo -a contar desde el lunes- a la Administración autonómica para que conteste a este nuevo requerimiento, que llega después de que Emergencias respondiera a la juez que fue Pradas, cesada tras la dana, quien ordenó emitir el aviso tardío como directora del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, al ser la titular del departamento competente en materia de protección civil y emergencias.
No obstante, según la Generalitat, la decisión se tomó «dentro de un Comité de Dirección formado por la citada consellera y la delegada del Gobierno», Pilar Bernabé, en el Cecopi, donde se debatió esta posibilidad.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete