Ricardo Puyol, tras dimitir en la Oficina Antifraude: "La reforma de la justicia del PP y el PSOE causa un destrozo a los magistrados y fiscales que desempeñan funciones políticas"
La reforma de la justicia que han pactado esta semana el Partido Popular y el PSOE, en el marco de las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de 2.000 días paralizado, ha provocado la inmediata dimisión de Ricardo Puyol de su puesto como director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, un órgano adscrito al Parlamento de Andalucía que fue creado en el año 2021.
Puyol no ha querido arriesgarse y, antes de que la reforma se apruebe y entre en vigor, ha optado por dimitir para garantizarse su regreso de forma inmediata a su plaza de magistrado en la Audiencia de Granada. Si los cambios se aprobaran, tendría que esperar dos años para volver a la judicatura.
"La reforma de la justicia del PP y el PSOE causa un destrozo a los magistrados y fiscales que actualmente están desempeñando funciones políticas", ha indicado Puyol a EL MUNDO. Desde que se conoció el acuerdo entre los dos grandes partidos, este magistrado en "servicios especiales" para poder dirigir la Oficina Antifraude ha hecho infinidad de consultas para ver en qué situación quedaría con esta reforma. Y todas ellas han sido concluyentes: tendría que esperar dos años para volver a su plaza de magistrado en la Audiencia y, además, durante cinco años no podría optar a ningún tipo de cargo de representación judicial, como por ejemplo ser vocal del CGPJ, y tampoco podría ser vocal de una sala de gobierno.
Una "reforma dura"
Para Puyol, que era juez en Marbella cuando estallaron los escándalos de corrupción en la capital de la Costa del Sol, el PSOE y el PP han pactado esta semana una "reforma dura" para que los jueces y fiscales que están dentro del sistema judicial "no salgan de él", porque el regreso se endurece. "Y a los que estamos fuera, nos han impulsado a que nos salgamos del cargo político de manera inmediata", ha apostillado.
"No puedo continuar" como director de la Oficina Antifraude porque "soy un juez vocacional", ha detallado Puyol, que ha recordado que dejó la judicatura "en unas condiciones" en las que su regreso a su plaza de magistrado en la Audiencia de Granada era "sencillo y fácil". Pero "si eso no se produce, pues yo, la verdad, no le tengo ningún apego al cargo" en la Oficina Antifraude.
Además, el regreso a la carrera judicial que plantea la reforma para los magistrados que estuvieran en servicios especiales es un tanto anómalo. "No salimos de nuestro asombro con los efectos de la reforma porque en dos años, estarías cobrando un sueldo, pero sin ejercer de juez. En fin, creo que no han valorado mucho este aspecto", ha remarcado Puyol.
El pacto que han suscrito este martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, -bajo la asistencia de la vicepresidencia de la Comisión Europea, Vera Jourová- consiste en que los socialistas eligen a diez vocales y los populares a otros diez de los 20 que integran el CGPJ.
Asimismo, ambas formaciones han acordado una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial. Entre las mismas, se aprobará, mediante Ley Orgánica, que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos cinco años, tratando de endurecer así las denominadas puertas giratorias que perjudican a la imagen de la Justicia. Es decir, se llevarán a cabo reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Campo, ex ministro y magistrado en el TC
En la mente de todos está el caso de Juan Carlos Campo, ahora magistrado en el Tribunal Constitucional (TC), votando para borrar las condenas de los ex altos cargos socialistas por el caso de corrupción de los ERE de Andalucía. Antes de ser magistrado en el TC fue ministro de Justicia del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y también fue alto cargo en la Junta de Andalucía, en la etapa de Manuel Chaves como presidente. Chaves es uno de los 15 ex altos cargos condenados por los ERE.
"Claramente, lo de Juan Carlos Campo ha hecho mucho daño a los restantes miembros de la carrera", ha valorado Ricardo Puyol, quien, "pese a todo", ha considerado que "hay un gran respaldo de los grandes partidos a esta reforma y hay que respetarla".
Para Puyol, que este viernes ha pedido su reingreso en la carrera judicial, "si se cierra la puerta" para pasar de la judicatura a la política, "nadie saldrá" y no habrá jueces ni fiscales desempeñando cargos políticos y "la sociedad perderá porque hay muy buenos profesionales a la derecha y a la izquierda". Él ya se dispone a regresar a su plaza en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.