Seguridad Social se abre a ablandar los requisitos para recuperar los años sin cotizar como becario>

Ahora, el Gobierno recoge las quejas sobre una cuestión que además de estar desvirtuada en el aspecto económico, también cuenta con un componente de discriminación, tal y como advierten los representantes de UGT y CC.OO. en la mesa de negociación, recordando que uno de los aspectos que recoge el nuevo régimen de cotización por las prácticas no remuneradas de los becarios está bonificada al 95% por la Seguridad Social. De modo que alumnos que ahora no cobran en sus prácticas están cotizando gracias a la cobertura del sistema público, pero este mismo organismo exige en este momento mayúsculas cuantías para quienes quieran recuperar las prácticas anteriores a 2011.

Además, tras la queja que el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, hizo suya en la última reunión mantenida con los representantes sindicales y también de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, el Gobierno podría estar abierto a abrir la mano con el periodo máximo de años a recuperar, fijado en un primer momento en dos años pero que se amplió en la negociación mantenida sobre la materia en 2021 hasta cinco años, y que ahora desde UGT y CC.OO. exigen se pueda ampliar hasta siete años.

En concreto, la orden publicada a principio de mes y que entraría en vigor en los términos actuales a partir del 1 de junio insta a pagar las cuotas de cotización para la contingencia jubilación tanto de la empresa como de la persona trabajadora y para calcular la cuota se considera como base de cotización la vigente ahora en 2024, en lugar de las bases correspondientes a cada año que se quiere recuperar, aumentando en gran medida las cuotas a pagar.

En términos prácticos, esto supondría que una persona que cobraba una beca de unos 600 euros al mes hace dos décadas, tendrá que pagar 290 euros al mes, aproximadamente la mitad (el 48%), de la ayuda recibida entonces, según calculan las asociaciones, al tiempo que recuerdan que la cuota que aporta una persona trabajadora con un contrato laboral como cuota de cotización es el 4,7% del salario (diez veces menos de lo que se pide en este convenio especial).

«La imposición de esta cuota exagerada por parte del Ministerio es también un agravio comparativo con las cuotas de cotización de prácticas no laborales en 2024, que están en torno a 64 euros al mes, de los cuales el estudiante abona menos de 11 euros solo si recibe remuneración. Además, sobre estas cantidades se bonifica el 95%, por lo que las empresas, y los becarios remunerados, pagan solo poco más de 3 euros al mes. Por tanto, las cuotas reales de esas prácticas son 90 veces menos que las que se obliga a pagar a los antiguos becarios de investigación», explican las asociaciones profesionales (SEICA, ANIH, SEBBM y la SENC) que han puesto el grito en el cielo y con las que se reunirá la ministra Elma Saiz para tantear una posible solución.

Con todo, el Gobierno y los agentes sociales han decidido remangarse y posponer el resto de materias que se estaba arbitrando en la mesa de Seguridad Social relativas al algunos detalles del sistema público de pensiones y el convenio de colaboración asistencial con las mutuas para los procesos de incapacidad temporal de carácter traumatológico. Así, tratarán primeramente de buscar un arreglo a la situación de los becarios que quieren recuperar parte de sus años de prácticas antes de dar salida al resto de materias. Teniendo en cuenta que la orden ministerial para suscribir estos convenios con las Seguridad Social entra en vigor el 1 de junio, apenas restarían dos semanas para modificar la orden tal y como ahora platea también el Gobierno.