Fue en los momentos previos de la licitación cuando, según confirmó a este diario la entonces presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Ángeles Carmona, el ministerio estaba empeñado en llevar adelante dos cambios significativos sobre un sistema que hasta ese momento estaba funcionando relativamente bien: que la propiedad de los dispositivos pasara a ser del ministerio y no de la empresa concesionaria; y conseguir que tuvieran una tarjeta SIM 'multiagresor' –como lo denominaron– para que en casos de violencia sexual con varios agresores, la víctima recibiera todos los avisos en un solo dispositivo, y no tuviera que llevar uno por cada violador.
Una especie de dispositivo «antimanada», pues era ese el caso que utilizaban para justificar el cambio, en el que la afectada tendría que haber portado cinco dispositivos receptores, uno por cada encausado. «No entendimos ese cambio. Esgrimían muchas veces el caso de 'La manada', cuando todo juez sabe que esos casos acaban con la orden de prisión, como ocurrió para los cinco agresores de Pamplona», explicaba a ABC Carmona, todavía más sorprendida de que ese tipo de argumentación le llegara de la ministra Irene Montero, y, sobre todo, de Victoria Rosell, entonces delegada del Gobierno para la Violencia de Género, que es licenciada en Derecho y magistrada.
Así, con esas condiciones, el sistema utilizado, en manos de Telefónica desde que comenzó a prestarse el servicio, no era viable. Como concesionaria, la empresa española de telefonía subcontrataba el servicio de las pulseras a Attenti Electronic Monitoring, una compañía israelí integrada dentro del grupo estadounidense Allied Universal. El sistema estaba compuesto por la pulsera antimaltrato del agresor, un dispositivo de recepción que debía llevar la víctima en todo momento para recibir los avisos y el software que los hace funcionar y los mantiene conectados entre sí y con la sala de control, todos ellos propiedad de la empresa israelí.
En la última licitación que se llevó Telefónica, en 2021, el precio de ese servicio se fijó en 9,35 euros (más IVA) por aparato activo al día, algo más de 4.000 euros por usuario al año. En todo momento la propiedad de los dispositivos, y del software que los hacía funcionar, eran de Attenti, que sólo prestaba el servicio, a la par que transmitía los avisos a la sala Cometa, desde la que se filtraban y se comunicaban los necesarios, según el protocolo, a Policía Nacional o Guardia Civil, según su demarcación.
Una empresa conocida
Aunque el propietario final de los datos es el ministerio, la empresa israelí sí que tuvo que gestionarlos, con las garantías de confidencialidad, y luego ser partícipe en el proceso de transición. De hecho en julio de 2023, ya vencido el contrato con Telefónica, el ministerio tuvo que hacer una modificación que ampliaba el plazo que se justificaba de la siguiente forma: «El modelo actual de pago por uso será sustituido por un modelo de adquisición de dispositivos, lo que plantea la necesidad de modificar el contrato vigente para incluir un plan de transición que garantice la continuidad en la prestación del servicio». Es ese momento en el que comenzaron los errores, que posteriormente recogería la Fiscalía en su memoria anual.
En realidad, Attenti es una vieja conocida de los Gobiernos españoles. A día de hoy es la empresa que presta el servicio de «monitorización, seguimiento y vigilancia remota» de presos que cumplen tercer grado o están en libertad vigilada, tanto para la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, como para las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco. El hecho de que sea una empresa israelí ha llevado a algunos socios de Sánchez, como Sumar, a reclamar al Ministerio que prescinda de sus servicios en la siguiente licitación, que tiene previsto publicar en los próximos meses.
Ante las modificaciones en la licitación –a la que no concurrió Telefónica, por primera vez desde que se puso en marcha el servicio– Vodafone presentó un sistema radicalmente distinto. Por una parte, el coste de los dispositivos pasó de calcularse por usuario y día, a un precio unitario, que finalmente quedó fijado en 696,34 más IVA. Por ese coste, el set actual está compuesto por dos teléfonos móviles 'rugerizados', uno para la víctima y otro para el agresor; la tobillera/pulsera para este último y la posibilidad de un botón del pánico para la mujer agredida. Un coste también muy por debajo del que fijaba como máximo la memoria económica facilitada por el ministerio para la licitación, que ascendía a los 1.200.
Para hacer funcionar el sistema, Vodafone diseñó la parte tecnológica de la propuesta, «que incluye el procesamiento de datos de conectividad y de comunicaciones para los dispositivos, el desarrollo de la aplicación instalada en los smartphones y la plataforma que gestiona todo el servicio y recoge la información de todos los dispositivos y desde donde se gestiona la localización, las distancias entre agresores y víctimas, las alertas que pueda haber, etc», explicaba la compañía en 2023 en la nota de prensa en que anunciaba la adjudicación del contrato.
'Vodafone Invent'
Una plataforma a la que denominó 'Vodafone Invent', y que incluía «todos los desarrollos que la operadora ya poseía orientados al mundo de la Teleasistencia además de todo lo específico para este servicio», señalaba en el mismo comunicado. La información ya dejaba traslucir que el software especializado para delincuencia de la compañía israelí se sustituía por una adaptación del que había utilizado Vodafone para la asistencia sanitaria de personas con alto grado de dependencia.
Pero no sólo el software venía de ese mundo sino también los dispositivos. Durante estos días se ha especulado con que las actuales pulseras eran de Aliexpress, lo que ha negado de forma categórica la ministra. Lo cierto es que todo el set completo (pulsera, móviles y botón del pánico) que se usa actualmente es de fabricación china, en concreto de la empresa KKM. De acuerdo con la información facilitada por Vodafone a este diario el set no se compró directamente a la empresa sino a través de un intermediario, Oysta Spain, con sede en Barcelona y perteneciente al grupo británico Access.
Una visita a la web de la empresa española permite comprobar dos hechos. El primero, que te redirige de forma inmediata a la matriz británica y el segundo que se trata de una empresa con soluciones de teleasistencia para personas dependientes. De hecho, en sus casos de éxito aparecen usuarios con problemas de movilidad física, ancianos o enfermos de alzheimer, pero en ningún momento se hace referencia a soluciones de monitorización para «las fuerzas del orden y a las agencias gubernamentales», como sí explica la página de la israelí Attenti.
Desde esa especialización en teleasistencia cabe entender algunas de las funcionalidades de los móviles, tanto de víctima como del agresor, que se muestran en el protocolo de actuación del sistema, disponible en la página web del ministerio, como las alertas de caída, no movimiento o inactividad. Funciones muy prácticas en el caso de ancianos o enfermos, pero que aportan poco valor para el uso de la pulsera antimaltrato. ABC no ha podido confirmar si este tipo de avisos llegan al centro de control de Cometa, que registra unas 1.700 alertas diarias (actualmente hay unos 4.500 dispositivos en funcionamiento), aunque varios de los trabajadores del centro sí se han quejado de la cantidad de avisos innecesarios que genera el sistema. Incluso, han referido, que se les llegó a pedir que cerraran mensajes «de cara a la visita» de personal de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, como publicaba 'El País' hace unos días.
Aunque todavía no ha finalizado la concesión, el otro requisito propuesto por el ministerio de Montero también se llevará adelante y los dispositivos quedarán en manos Gobierno. Todo el set de dispositivos ha sido adquirido por Vodafone a la empresa Oysta Spain y, llegado el momento, lo revenderá a la UTE con la que obtuvo la concesión para luego entregarlo al ministerio. La exigencia venía marcada en la memoria justificativa firmada por Ángela Rodríguez 'PAM' -entonces secretaria de Estado de Igualdad- que argumentaba que a través de un estudio se había constatado «la conveniencia de pasar de un modelo de pago por uso a un modelo por compra», lo que significaba «una reducción considerable» de costes. Lo cierto es que la licitación sólo supuso un ahorro de alrededor de un millón y medio de euros, pues la reducción significativa del gasto en equipos quedó compensada por un aumento en el resto de costes.