El Gobierno aprueba el nuevo plan de residuos radiactivos y allana el camino para el cierre nuclear en España
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, que fija la hoja de ruta para el tratamiento de estos desechos peligrosos que, fundamentalmente, provienen de las centrales nucleares. Precisamente, este plan, cuya aprobación llega con ocho años de retraso, es una pieza indispensable para que España pueda acometer el cierre ordenado de las cinco centrales que aún están en activo, que comenzará en 2027 y se rematará en 2035. Esa clausura implica un complejo proceso de desmantelamiento de las instalaciones y el posterior tratamiento de los residuos radiactivos.
Los desechos de muy baja, baja y media actividad irán a parar a El Cabril, el almacén ubicado en la provincia de Córdoba, que deberá ser ampliado. El problema siempre ha estado con los de alta actividad (que provienen fundamentalmente del peligroso combustible gastado empleado en las centrales).
El vigente plan de residuos, que databa de 2006, apostaba por la construcción de un almacén temporal centralizado (conocido por sus silgas ATC) en el que el uranio usado en las centrales se guardaría durante décadas, hasta que España cuente con un depósito definitivo. Durante el segundo mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se abrió el proceso para decidir el emplazamiento para ubicar el ATC. Pero fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que finalmente designó, nada más llegar a La Moncloa, a Villar de Cañas, en Cuenca, como el lugar en el que se levantaría esta infraestructura. Esta ubicación —que no era la mejor, según diferentes voces— fue la elegida en gran parte por las gestiones que realizó la popular María Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha. Pero cuando volvió a gobernar el PSOE en esta comunidad, el Ejecutivo regional emprendió una guerra para detener el proyecto. Finalmente, cuando el PSOE volvió a La Moncloa en 2018 paralizó definitivamente el proyecto, en el que se llegaron a gastar 90 millones de euros.
Ahora, en el séptimo plan, se da la puntilla definitivamente al ATC. Porque la solución por la que se opta consiste en que en cada central se construirá un almacén temporal. En total, serán siete: uno en cada una de las cinco centrales todavía en activo, además de otros dos ubicados en las nucleares de Garoña y José Cabrera, que están ya en proceso de desmantelamiento. En el mismo Consejo de Ministros se ha acordado “dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas” para albergar el ATC, ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica.
El plan del Gobierno contempla esos siete emplazamientos también como una solución temporal. La definitiva está previsto que esté operativa en la década de los setenta de este siglo. Será el futuro Almacén Geológico Profundo (AGP) y el documento aprobado este miércoles establece “una hoja de ruta para que España pueda disponer” de esta instalación. Esta infraestructura es por la que han optado otros países como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia, ha resaltado Transición Ecológica. Aunque todavía ninguno de estos silos está en operación.
La aprobación de este plan, que quedó pendiente con el adelanto de las últimas elecciones generales, era fundamental para poder avanzar en el cierre de las centrales en España, porque el destino de los residuos de alta actividad no estaba despejado. Durante la fase de tramitación del plan, y casi hasta el final del proceso, el Gobierno había dejado abierta la puerta a que se construyera un solo ATC para todos los residuos de las nucleares del país. Pero ninguna comunidad autónoma se ofreció a albergar ese silo, con lo que el Ejecutivo finalmente optó por la solución de los siete almacenes que ahora se confirma. Es decir, que los residuos más peligrosos se los quede cada central hasta que exista el AGP dentro de 50 años.
En 2019, el Gobierno y las compañías propietarias de las nucleares —Iberdrola, Endesa y Naturgy— acordaron un calendario de cierre de las cinco centrales del país, que culminará en 2035. De la gestión de los residuos radiactivos se encarga en España una empresa pública: Enresa. Pero se financia, principalmente, con las tasas que pagan las eléctricas para que se traten esos desechos peligrosos. El séptimo plan contempla “unos costes futuros de 20.220 millones de euros”, ha detallado este miércoles el ministerio.
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