Ante el riesgo de posibles incidentes, la Policía catalana desplegará un dispositivo similar al del pasado mayo, cuando cerca de 400 efectivos, también de la Guardia Urbana, blindaron el espacio, tras una convocatoria de Desokupa -empresa de desalojos extrajudiciales- para expulsar a los allanadores. A pesar de ambas casas llevan años okupadas -2016 y 2019- no fue hasta vísperas de la campaña de las municipales, el pasado mayo, cuando se generó un conflicto en la zona. Algunos vecinos denunciaron altercados con los residentes ilegales, mientras que éstos, a su vez, dijeron haber sido víctimas de ataques, entre otros, con pirotecnia lanzada a los solares.
Partidos como Vox, Ciudadanos y Valents convocaron protestas semanales en la plaza Bonanova para instar a echar a los okupas, y a éstos se sumó un tercer actor: una empresa de desalojos extrajudiciales que prometió expulsarlos. Ante la amenaza, los Mossos subrayaron que solo ellos, con la preceptiva orden judicial, los ejecutan, y la compañía rectificó. Eso no impidió que convocasen una concentración frente a las casas el día del arranque de la campaña. A su vez, colectivos antisistema respondieron con una marcha antagónica.
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Finalmente, un gran despliegue de la Policía catalana evitó el encuentro de ambos colectivos. Ante el dispositivo de este jueves, los Mossos han alertado a los comercios de la zona, y también a la dirección de La Salle, que cuenta con un centro escolar y las facultades de Arquitectura, Negocio y Filosofía. De hecho, el centro ha avisado a personal y alumnos que, por el desalojo previsto, los alrededores de las calles Sant Joan de La Salle, donde se ubican ambas casas, permanecerán cerrados, tanto «al tráfico como a la circulación de peatones», tanto por las «concentraciones» como por la «actuación judicial prevista».
Por este motivo, la dirección ha recomendado a docentes y alumnos «ser prudentes» en su movilidad por la zona, evitando, «en la medida de lo posible», los alrededores de la plaza Bonanova, para acceder al campus por Cuatro Caminos, «donde no están previstas afectaciones».
Orden judicial
Un juzgado había fijado la fecha de lanzamiento de uno de los edificios, 'El Kubo', el pasado marzo, pero los Mossos solicitaron aplazarlo, ya que son colindantes y expulsar a los okupas de uno, podía suponer su realojo en el contiguo. Optaron así por esperar a que la autoridad judicial fijase el mismo día para ambas expulsiones.
Así, en mayo, el Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona dio la razón a la Sareb, propietaria mayoritaria de los inmuebles, y ordenó desalojar 'La Ruïna' este 30 de noviembre