García Ortiz da instrucciones a los fiscales sobre cómo actuar con la amnistía ante las posibles cuestiones al Constitucional y Europa
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa manteniendo reuniones con el objetivo de coordinar la actuación de las distintas fiscalías ante la entrada en vigor de la Ley de Amnistía al procés, aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados.
Si ayer fue el encuentro con los fiscales del Tribunal Supremo asignados a la causa del 1-O, este viernes ha sido el turno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y los fiscales de Cataluña.
Según ha podido saber este periódico, se celebraron dos reuniones distintas. La primera, con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo y, la segunda, con el fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, los cuatro fiscales jefes provinciales de dicha autonomía y los seis fiscales jefe de área.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO a la cita con los fiscales han acudido también la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, al fiscal jefe de la Secretaria Técnica, Ana García León, y el teniente fiscal de la Técnica Diego Villafañe.
Además, a la reunión con los 11 fiscales de Cataluña se sumó el fiscal jefe de la Sección Penal del Alto Tribunal, José Javier Huete.
En los encuentros, las fuentes consultadas explican el fiscal general y su equipo de confianza han dado traslado de una serie de pautas a los fiscales de Cataluña sobre cómo proceder ante la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y/o o de cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, desde la Fiscalía General se ha solicitado a los fiscales que den cuenta con tiempo suficiente de los distintos casos relacionados con la amnistía que se vayan planteando una vez que la Ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las mismas fuentes explican que se ha dado relevancia a cómo se lleve a cabo la canalización de las informaciones caso a caso, es decir, a que haya una comunicación fluida en la dación de cuentas a la Fiscalía General.
Fuentes fiscales enmarcan estas reuniones con el objetivo de "coordinar" las posturas de las distintas fiscalías a la hora de aplicar una ley de tanta importancia como la que pretende borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán.
Los procedimientos pendientes
Las mismas fuentes explican que en los encuentros no se ha abordado ningún caso concreto afectado por la amnistía ni cuestiones sobre el fondo de la aplicación de la Ley puesto que el propio García Ortiz ha señalado que eso se abordaría más adelante.
En Cataluña hay alrededor de 300 procedimientos judiciales abiertos por el desafío independentista catalán, tanto por los hechos que tuvieron lugar en otoño del año 2017 como por los disturbios del año 2019 cuando se notificó la sentencia donde se condenó a los ex miembros del Govern de la Generalitat por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Además, están pendientes de juicio la consejera de Cultura, Natàlia Garriga; el líder de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ambos considerados como los "cerebros" del 1-O.
Por su parte, en la Audiencia Nacional se instruye la causa de Tsunami Democràtic donde se encuentra imputada la secretaria general de ER, Marta Rovira y Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, entre otros.
Por último, en el Tribunal de Cuentas está pendiente en la actualidad de dictar sentencia sobre los 35 acusados de malversación por el referéndum ilegal del 1 de Octubre y la promoción de la secesión en el exterior. El ex presidente catalán Puigdemont y su ex vicepresidente Oriol Junqueras encabezan la lista de los que, según la instrucción, pueden tener que devolver hasta 5,3 millones de euros por la suma de los casos.