El Congreso deja lista la amnistía a la espera de una larga carrera de obstáculos
La ley de amnistía, la clave de bóveda para sostener la legislatura, salió adelante por fin este jueves en el Congreso sin la euforia que suele acompañar a estas ocasiones en las filas del Gobierno. Las grandes ovaciones con que acostumbran a recibirse las aprobaciones de los Presupuestos o de leyes de especial relevancia se tornaron esta vez en tímidos aplausos de Pedro Sánchez —que se incorporó a la sesión justo para votar—, los únicos cuatro ministros presentes y el resto de las bancadas de las formaciones que apoyan al Gobierno. Solo los independentistas dieron rienda suelta a su entusiasmo cuando la presidenta, Francina Armengol, dio cuenta del resultado previsto: 178 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y el ya exsocialista José Luis Ábalos y 172 en contra de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
La trascendencia sobre el calendario político de la muy controvertida ley había quedado rebajada la víspera, con la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 12 de mayo. De momento, el Gobierno ya se ha visto obligado a renunciar a su plan de abonar con la amnistía el terreno para unos nuevos Presupuestos. Y el horizonte de la legislatura, que tan claro se perfilaba si salía adelante la ley, se ha vuelto un poco más nebuloso a la espera del veredicto de las urnas catalanas. Por eso las únicas muestras de júbilo se manifestaron en la bancada de ERC, vuelta hacia la tribuna de invitados donde se encontraba el líder de su partido, Oriol Junqueras.
“Hoy por fin se acaba la yincana parlamentaria para aprobar esta ley”, exclamó, al comienzo del debate, la diputada de Podemos Martina Velarde. Los tres meses de trámite, pese a la vía de urgencia elegida, han sido efectivamente una yincana. Hasta el punto de que la ley fue rechazada en primera instancia en pleno el pasado 30 de enero tras desdecirse Junts del apoyo que le había proporcionado en comisión y obligar a una nueva redacción sobre el alcance de la medida respecto a los delitos de terrorismo.
Pero la carrera de obstáculos está lejos de haber concluido. Primero sufrirá los embates del PP en el Senado —”un lodazal”, como lo definió el diputado de Junts Josep Maria Cervera— donde la mayoría absoluta de la oposición retrasará el trámite dos meses antes de devolverla al Congreso. Y todo el mundo da por descontado que muchos jueces tratarán de impugnarla con cuestiones de inconstitucionalidad o consultas a la justicia europea. Lo subrayó la propia portavoz de ERC en el debate, Pilar Vallugera, aunque al mismo tiempo abogó por hacer todo lo posible para que su aplicación sea “inmediata” ante los cientos de personas que esperan beneficiarse de ella.
La convocatoria electoral en Cataluña se coló irremediablemente en el debate. Alberto Núñez Feijóo, que defendió en persona la posición del PP, comenzó como si ya estuviese en campaña. Aludió a la cita del 12 de mayo y prometió que, a diferencia del PSC, su partido “no va pedir el voto a los constitucionalistas para luego entregárselo a los independentistas”. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar y miembro de los comuns, deslizó críticas a los que defienden el proyecto de un complejo de casinos en Tarragona, cuyo rechazo fue el motivo esgrimido por su formación para no apoyar los Presupuestos catalanes y precipitar los comicios. Cervera, de Junts, aprovechó para atacar al líder y candidato de los socialistas catalanes, Salvador Illa, al subrayar que el PSOE ha aceptado la ley “por necesidad, no por convicción”.
En cambio, las dos formaciones independentistas evitaron esta vez los reproches mutuos que se habían intercambiado la pasada semana cuando la Comisión de Justicia aprobó el texto. Cervera reivindicó el papel de Junts forzando cambios en la ley aun a costa de retrasar la aprobación, pero a la vez dedicó un reconocimiento al diálogo con ERC. Y en un gesto casi insólito por parte de esta última formación, Vallugera empezó agradeciendo el tono de las palabras del representante de Junts.
Las formaciones que respaldan al Gobierno defendieron que la aprobación de la ley supone el final del conflicto abierto en 2017 y la posterior actuación judicial contra sus dirigentes. “Nos hemos arremangado para arreglar su fracaso, lo que ustedes estropearon”, sostuvo, dirigiéndose al PP, el portavoz socialista, Patxi López, quien proclamó el “cierre de un ciclo”. “Enterramos el ‘a por ellos’”, abundó Enrique Santiago, de Sumar, para que añadir que ahora el Gobierno “se podrá centrar en lo que de verdad importa: mejorar la vida de la gente”. Nada que ver con la conclusión de los independentistas, que pusieron sobre la mesa que su próxima batalla será la del referéndum. “No pararemos hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación”, manifestó Vallugera, aunque se comprometió a que lo harán de forma “pacífica, dialogada y democrática”. Y por ahí se coló Feijóo para dar por hecho que Sánchez también cederá en este punto.
Mikel Legarda, del PNV, habló asimismo de “cierre de un ciclo político traumático” tras la “persecución obsesiva” que se emprendió en 2017 contra los protagonistas de lo que, en su opinión, supuso “una crisis constitucional, no un golpe de Estado”. Nacionalistas vascos y gallegos coincidieron en que el significado político de la amnistía va más allá de Cataluña. En términos parecidos, Jon Iñarritu, de EH Bildu, y Néstor Rego, del BNG, interpretaron que el PSOE ha hecho un gesto que supone un reconocimiento a “las naciones del Estado español” y a que sus reivindicaciones deben “sacarse de los tribunales”.
En el frente de rechazo la voz más altisonante fue, por supuesto, la de Vox. Santiago Abascal llegó con una revelación: Sánchez “ha renunciado a la presidencia del Gobierno” y los que mandan ahora en España son Carles Puigdemont y Mohamed VI de Marruecos. Tras acusar a Feijóo de tibieza ante un Ejecutivo apoyado en una “cuadrilla de forajidos”, resumió así sus aspiraciones: “Que los criminales vivan entre rejas y no sentados en un escaño”.
De la mayoría que apoyó la investidura de Sánchez se volvió a descolgar Coalición Canaria, cuya representante, Cristina Valido, argumentó que la ley carece de “consenso social” y lamentó la renuncia a unos nuevos Presupuestos que su formación quería negociar. En línea con el resto de la derecha, Alberto Catalán, de UPN, clamó contra la “villanía que humilla a los españoles”.
Feijóo está empeñado en augurar la caída del Gobierno, mientras vincula la amnistía con las corruptelas del caso Koldo. Dirigiéndose a un Sánchez ausente en ese momento, aseveró: “Usted depende de lo que diga el señor Puigdemont y de lo que haga el señor Ábalos”. Y de ahí dedujo: “No va a haber legislatura, esto es una agonía”. Patxi López le había pedido antes abandonar las “soflamas apocalípticas” y descrito así su estrategia: “Cuanto peor para el país, mejor para el PP”.