CERMI reclama una ley para reparar a las mujeres con discapacidad esterilizadas forzosamente
Durante 30 años, y hasta diciembre de 2020, cuando se prohibió, en España se podía declarar incapacitadas jurídicamente a personas con discapacidad intelectual para luego esterilizarlas de forma forzosa tras la petición de sus familiares. Está tipificado como un delito en el Código Penal desde hace cinco años, tras una modificación legislativa impulsada por el Gobierno de PSOE y Podemos, pero, hasta entonces, las mujeres con discapacidad en nuestro país eran sometidas a una ligadura de trompas de Falopio sin su consentimiento; concretamente, entre 2005 y 2016, fueron más 1.100 víctimas.
Ante la Comisión de Igualdad del Senado, Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y experta en derechos de las mujeres con discapacidad, ha reclamado la aprobación urgente de una ley de reparación integral para las personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres y niñas, que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1989 y 2020, bajo cobertura legal del Código Penal, y por tanto por sentencia judicial. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) redactó un borrador de su proposición de ley, también presentado en el Congreso, que está siendo recogido con sensibilidad e interés por los grupos parlamentarios.
«La ley que nosotros proponemos es una ley que se centra en la reparación a víctimas de esterilizaciones forzadas por incapacidad legal por razón de discapacidad a través de una sentencia judicial, porque el hecho de que el Estado haya permitido una práctica de este tipo y lo haya justificado a través de una sentencia judicial es lo que a nosotros nos parece motivo de reparación realmente para las víctimas», ha explicado Peláez, que narrado como muchas de estas niñas y mujeres fueron conscientes pero mal informadas de lo que le iban a hacerles y otras, simplemente engañadas.
No solo se les negó sus derechos reproductivos, proyectos de vida y sexualidad, sino que también esta práctica hoy ilegal las traumó, reventó sus lazos y confianza familiar y rompió su autoestima. La vicepresidenta ejecutiva de Fundación CERMI Mujeres ha celebrado que la derogación de la práctica mediante la Ley Orgánica 2/2020 puso a España en la «vanguardia», así como aplaude la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución como otro avance. Sin embargo, Peláez ha lamentado también que es «insuficiente» y reivindicado una ley de reparación porque «el daño causado permanece invisibilizado y sin respuesta».
CERMI confía en que se pueda aprobar la legislación a lo largo de 2026, año simbólico porque se conmemorará el 20.º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quieren que el texto de reparación sea clara y accesible y, por supuesto, dotada de presupuesto. Esto es, CERMI una reparación basada en cinco pilares, esto, es la restitución, indemnización a las víctimas y no a sus familiares, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en línea con los principios internacionales de justicia reparadora. Y además que reclaman que se celebre un acto de perdón oficial en sede parlamentaria, ha dicho Narváez, que ha continuado: «Todo eso son esenciales».
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