La clave está en la enmienda número 52 de Junts, que recoge la gestión integral de los funcionarios municipales con habilitación nacional-es decir, secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos catalanes- pactada con el PSOE en el mes de mayo, y que puso en pie de guerra a las asociaciones profesionales, entre advertencias de inconstitucionalidad.
Aquel acuerdo político -anunciado como un gran éxito para el independentismo por la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras- constató una nueva cesión del Gobierno en el marco de la negociación de la reforma de la Ley de Función Pública. Esa norma -muy compleja por todo lo que contiene- sigue en tramitación parlamentaria y los plazos pueden dilatarse. En cambio, el vuelo que ha cogido la ley que regulará los 'lobbies' en España -y ante la presión que sienten, sobre todo PSOE y PP, por los casos de corrupción- ha hecho que el partido de Carles Puigdemont pise el acelerador de nuevo para camuflar el traspaso competencial.
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El movimiento es calcado al de entonces y se ha registrado como disposición adicional en la Ley de Bases de Régimen Local. Permitiría a la Generalitat hacerse cargo de toda la gestión de funcionarios locales con habilitación nacional con facultades muy concretas: «La creación, clasificación y supresión» de los puestos de trabajo de secretario, tesorero e interventores de los ayuntamientos; así como la aprobación de la oferta pública que considere oportuna, los procesos de selección, los nombramientos y los procesos de provisión y gestión admi- nistrativa integral de estos funcionarios.
Como publicó ABC, estos funcionarios fueron fundamentales a la hora de impedir, entre otras cosas, irregularidades cometidas desde los ayuntamientos durante el procés -sobre todo, de tipo económicas- e incluso antes, con la consulta de noviembre de 2014. Por eso Junts celebró «el avance» logrado con el Gobierno, pero que sigue sin materializarse. Las asociaciones fueron entonces muy críticas. La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital) habló de «ruptura del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional» y recordó que estos funcionarios locales son clave para el control de los políticos. También el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local advirtió sobre su «manifiesta inconstitucionalidad».
De hecho, el Tribunal Constitucional ya tumbó un traspaso casi idéntico para el País Vasco en dos ocasiones: al incluirlo en un real decreto de 2023 y en la Ley de Presupuestos Generales de 2022. En ambos casos el PP presentó recursos. Precisamente este año el PNV insistió a través de otra disposición final en la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, del ministro Félix Bolaños. Los populares lo tienen recurrido de nuevo ante el TC.
La advertencia del partido de Alberto Núñez Feijóo es que el ministro de Función Pública, Óscar López, quiere volver al modelo que implantó en su momento José Luis Rodríguez Zapatero, en el que cada comunidad autónoma asumía la gestión de los habilitados nacionales. Para los populares -que al llegar al Gobierno recuperaron el modelo nacional- este sistema provocaba la fragmentación del Cuerpo provocando quejas en gran parte de los ayuntamientos por las trabas a la igualdad de acceso.
El traspaso de los habilitados nacionales a Cataluña se pactó en la reunión bilateral Generalitat-Gobierno celebrada en febrero y, a raíz de aquello, el Govern de Salvador Illa ya convocó 218 plazas de funcionarios. La iniciativa fue rechazada de manera contundente tanto por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local como por las distintas asociaciones de funcionarios, que alertaron de los riesgos de desmantelar un cuerpo de carácter nacional que constituye una garantía de legalidad y neutralidad institucional en los ayuntamientos.
Negociación de enmiendas
A esa enmienda le siguen otras tantas que nada tienen que ver con la regulación de los grupos de interés, y que también añaden disposiciones a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que tienen que ver con las exigencias europeas para evitar sanciones a las administraciones por el exceso de temporalidad en la contratación, entre otras cosas.
No solo eso. En el grupo de enmiendas registrado por Junts también las hay relativas a otros asuntos muy distintos, como la recuperación de la figura de los jueces de paz, que fueron suprimidos de la ley de eficiencia del servicio público y que los independentistas exigen recuperar. En la justificación insisten en que la situación legislativa de eliminar esa figura «requiere una solución inmediata» porque desde el pasado 3 de abril -que entró en vigor la ley- los juzgados de paz ya no pueden celebrar matrimonios. A raíz del veto que acordó el Senado durante la tramitación parlamentaria de la norma de Bolaños no se pudieron incluir todas estas enmiendas. Y ahora Junts quiere recuperar la mayoría.
En todo caso, los grupos parlamentarios deben negociar todas sus enmiendas para continuar con la tramitación. El PSOE confiaba, al menos, en una abstención de los populares. El interés por sacar adelante la ley de 'lobbies' llega directamente del Palacio de la Moncloa. Pero las exigencias de los independentistas sobre los funcionarios imposibilita que el PP esté en la ecuación. Otro de los anuncios de Sánchez en el mes de julio para combatir el caso Cerdán -su ex secretario de Organización está en la cárcel por la trama que lleva su nombre- fue la creación de una agencia para combatir la corrupción en España. Precisamente Sumar llevó al Congreso la creación de un organismo similar esta misma semana y los votos de Junts -unidos al PP y Vox- la tumbaron, propinando un nuevo revés al Gobierno.