Quique Pina recurrió a la Justicia al entender que Hacienda le había imputado irregularmente a él y a su familia una deuda tributaria que no le correspondía al haberse ya desprendido del Ciudad de Murcia, por lo que argumentó que dicha reclamación debería ser dirigida hacia el empresario Carlos Marsa.
«En el año 2007 procedimos a transferir la Sociedad Anónima Deportiva del Ciudad de Murcia que pertenecía a mí y mi familia. Esta se transfirió al señor Marsa y el club a la ciudad de Granada. En la misma escritura pública constó de manera expresa que el precio de las acciones incluía la deuda que éste mantenía con la agencia tributaria española», explica Quique Pina en un comunicado. «Los nuevos gestores del club aplazaron dicha deuda, que ascendía a 1,2 millones de euros, y esto fue avalado con los derechos de televisión que le pertenecían a la entidad y aceptado por la propia agencia tributaria. Posteriormente la deuda quedó impagada», añade en su nota.
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En 2010, la Agencia Tributaria, ante la deuda impagada por parte de la nueva propiedad que aplazó y que se comprometió abonar en escritura pública, derivaba la responsabilidad de esa deuda a Quique Pina y solidariamente a sus padres por haber sido todos ellos miembros del consejo de administración del club. La deuda se incrementó de 1,2 millones a más de 3,2 millones de euros entre intereses y sanciones.
«Desde el año 2010 llevamos luchando tanto en las instancias de la propia Agencia Tributaria así como en la Justicia defendiendo nuestra inocencia y la injusticia que provocaba», explica Pina en su comunicado, en el que recuerda que «todo lo anterior derivó en embargos y procedimientos judiciales que terminaron en sendas condenas que perjudicaban los interés de la familia Pina, llegando a aceptar una condena de prisión de 9 meses y al pago por parte de la sociedad familiar 'Calambur Intermediaciones' del pago de 2,9 millones de euros para así poder evitar que el resto de mi familia se tuviera que enfrentar a un juicio».
Anulación de las condenas
Quince años después, la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha considerado nula la derivación de responsabilidad, «dándonos la razón al infierno vivido». Tras la sentencia de la Audiencia, Quique Pina ha recurrido en el Tribunal Supremo y ha pedido la anulación de las condenas sufridas por considerarlas «del todo injustas y no ajustadas a derecho al recaer sobre una premisa de la existencia de una deuda que a día de hoy, ya firme, es nula».