Según informaron en fuentes jurídicas a ABC, la respuesta se ha producido una vez la denuncia que interpuso personalmente el decano del Colegio madrileño, Eugenio Ribón, llegó a reparto y recayó sobre el juzgado de Instrucción número 28, que tiene al frente al juez Jaime Serret. Tras analizar el escrito, emitió una resolución emplazando al ICAM a querellarse, cosa que según informaba el Colegio este miércoles, procederán a hacer.
Los hechos se remontan a la noche del pasado 13 de marzo, cuando, en plena tormenta por la difusión de que la Fiscalía había denunciado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental a la pareja de Díaz Ayuso, se filtró que el fiscal a cargo del caso había ofrecido un pacto al afectado. Esta información resultó no ser correcta, como evidenciaría la siguiente filtración: el letrado de González Amador había propuesto ese pacto en primer lugar al fiscal, quien le había emplazado a una conformidad que necesariamente, se suscribe una vez abierto el juicio.
La citación se produce después de que la magistrada haya incoado diligencias contra Alberto G. A. y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal
Para contrarrestar la información, la Fiscalía difundió un comunicado al día siguiente que contenía entrecomillados de aquel mensaje del letrado al fiscal, quebrando así la confidencialidad de las comunicaciones en lo que para el Colegio de Abogados de Madrid fue una conducta que podría constituir incluso un delito de revelación de secretos. De ahí que el ICAM tomase dos decisiones: una, cuestionar el protocolo de comunicaciones con la Fiscalía y otra, acudir a los juzgados de instrucción para intentar que se esclareciese la autoría de esa eventual revelación.
Sin embargo, el instructor zanjó que para perseguir ese ilícito hace falta mayor concreción. En un comunicado, el Colegio de Abogados, que argumentó la presentación de una denuncia y no de una querella por lo desconocido del autor, anunciaba este miércoles que dará ese paso en los próximos días y se personará en las actuaciones, «sin perjuicio de ulteriores planteamientos de competencia objetiva por razón de la persona (eventual aforamiento)».
Se refiere al hecho de que si la responsabilidad lo fuese de un miembro de la Fiscalía, el órgano competente sería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no los juzgados ordinarios de instrucción, que son a los que inicialmente se dirigió el Colegio de Abogados.
Es precisamente al TSJ al que se ha dirigido la representación de González Amador, según informa El Español, para presentar una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos a cargo del asunto por presunto fraude fiscal, Julián Salto. Lo es por revelación de secretos pero también por un ilícito contra la Administración Pública, de acuerdo al mismo diario.