El PP rechaza una comisión de investigación en el Parlamento andaluz y el PSOE lleva al Congreso los contratos del SAS>
En este escenario, el presidente andaluz, Juanma Moreno, volvió ayer a enfrentarse a una sesión de control en el Parlamento tras casi un mes, por el paréntesis de la visita al Papa. Y se encontró con un contexto político más tenso y complejo, con todas las miradas puestas en la Consejería de Salud. Todos los grupos, salvo el PP, coincidieron en pedir la dimisión de Catalina García, y en centrar en la gestión sanitaria sus críticas, incorporando a las quejas por la mala gestión de los últimos meses, denuncias por «corrupción política». Acusaciones graves en las que coincidieron Adelante, Por Andalucía, Vox y PSOE al referirse al fichaje del exgerente del SAS y los contratos de emergencia.
El Gobierno andaluz trató de dar estos dos episodios por cerrados y en enmarcarlos en una «sobreactuación» de los grupos de la oposición. En primer lugar, la polémica por los contratos de emergencia, un debate que se ha abierto en todas las comunidades autónomas y que en Andalucía arrancó a finales de la pasada legislatura. El PSOE-A, lo ha retomado conforme ha ido accediendo a información «con cuentagotas» según su relato y de ahí que, coincidiendo con los procesos abiertos en el Congreso y en otros territorios, presentó por segunda vez en el Parlamento la propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre todos los contratos de emergencia firmados por la Junta de Andalucía entre 2020 y 2021. A la iniciativa se sumaron todos los grupos que coincidieron en el argumento de que «sólo se rechaza una comisión de investigación cuando se tiene algo que ocultar». Vox se abstuvo aunque subrayó que el Gobierno andaluz debe dar explicaciones sobre los contratos realizados por esta vía desde la pandemia.
El PP se enfrentó así a su primera Proposición no de ley en esta legislatura sobre una comisión de investigación planteada por la oposición. Su rechazo fue contundente. De hecho, ya se había registrado formalmente por escrito antes del Pleno la decisión del grupo mayoritario de la Cámara de frenar esta iniciativa. Como respuesta, el PSOE dio un paso más por la tarde e incluyó al presidente andaluz, Juanma Moreno, al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; al ex consejero de Salud Jesús Aguirre y al ex consejero de Presidencia Elías Bendodo en su lista de comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre contratos en la pandemia.
El presidente andaluz, Juanma Moreno defendió la «transparencia» del Gobierno autonómico durante estos años, el acceso a los expedientes por parte de la oposición y el cumplimiento de la normativa por parte de los servicios técnicos. En cuanto a la petición de comparecencia en el Congreso, Juanma Moreno anunció que acudirá aunque lo tachó de «intento descarado e irresponsable por embarrar la política» que el Gobierno andaluz usará para «demostrar que en Andalucía desde el cambio de gobierno sí se cumple la ley».
El rechazo a la comisión de investigación lo justificó el diputado popular, Pablo Venzal, quien defendió que «todas las consejerías tuvieron que realizar contratos de emergencia y criticó que el PSOE recurriera a la petición de una comisión de investigación: »Tienen a su disposición las preguntas escritas dirigidas al Consejo de Gobierno, los informes de la Cámara de Cuentas, el Portal de Transparencia de la Junta, la Oficina Andaluza Antifraude y el Tribunal de Cuentas... Puede ir donde quieran pero saben que si optan por esas vías se les cierran las puertas del ilícito penal. No nos van a encontrar en los intentos de embarrar el terreno de juego«.
«Se trata de analizar si las contrataciones de emergencia han servido para reducir las listas de espera, se han ajustado al marco normativo vigente y si se ha producido una adecuada gestión de los recursos públicos de la Junta de Andalucía o, por el contrario, se ha hecho un uso presuntamente irregular de este tipo de contratación durante el periodo señalado, lo que comprometería el gasto público y la generación de obligaciones de la Junta de Andalucía. Estas contrataciones son la punta del iceberg y exigen una investigación parlamentaria o de los tribunales«, argumentó por su parte el diputado socialista Rafael Márquez, promotor de la iniciativa.
En cuanto a la segunda de las polémicas, la contratación del ex gerente del SAS, ha quedado congelada al menos hasta julio fecha en la que de acuerdo con el informe de la Inspección General se cumplen los dos años desde la salida de Miguel Ángel Guzmán del puesto de gerente del SAS ya que la fase como vice consejero no tiene en consideración en la aplicación de la ley. A partir de esa fecha podría incorporarse como cargo directivo a la empresa aseguradora Asisa pese a que apenas habrán transcurrido seis meses desde su salida como vice consejero de Salud.
El Gobierno, que incide en que se enteró de este fichaje, por los medios de comunicación, quiere zanjar el debate con este informe y con la propuesta de modificación de la Ley de Incompatibilidades en la que se puedan incorporar cuestiones como la obligatoriedad de informar a la Junta de Andalucía ante cualquier contratación para que pueda ser evaluada, nuevos controles ante situaciones propensas al conflicto de intereses o la revisión de los periodos de cesantías (la indemnización que tienen los altos cargos, que no disponen de derecho al paro) que ahora mismo está fijada en un mes por año trabajado. «Tras el informe realizado no existe en estos momentos caso de incompatibilidad. Pero sí está claro que la actual ley tiene carencias en el control y en la definición del conflicto de intereses», explicó el presidente andaluz, Juanma Moreno. «A veces nos equivocamos, pero en este caso no es así. Es un caso de manipulación y oportunismo político. Se ha intentado desprestigiar a la sanidad pública. No se puede hacer una causa general contra todos los altos cargos ni hablar de corruptelas e irregularidades», afirmó el presidente.
Además, el presidente defendió la gestión de la sanidad pública y el uso de los conciertos. «El Gobierno del PSOE-A aumentó el presupuesto sanitario un 19% y los conciertos un 72%, mientras que entre 2019 y 2024; el Gobierno del PP ha aumentado el presupuesto sanitario un 34%, y los conciertos un 29%. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2024, el Gobierno que más porcentaje dedicó a conciertos sanitarios fue el del PSOE-A junto a Izquierda Unida en el año 2014, mientras que el que desde la Junta se dedica este año a ese fin un 3,92%, es decir, es menor que el porcentaje que se alcanzaba en cualquiera de los años de Gobierno socialista en dicho periodo de tiempo«, apuntó el presidente.
Para la oposición, las explicaciones fueron totalmente insuficientes. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acusó al presidente andaluz de ser «cómplice de la corrupción política» mientras mantenga a Catalina García como consejera y recuperó una frase de su predecesora, Teresa Rodríguez: «El cortijo empieza a apestar». La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, acusó al Gobierno de una «nefasta gestión con un descuido impropio de la sanidad pública»; mientras que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, le acusó de ser «incapaz de resolver los problemas de la sanidad». Por último, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, incidió en que este fichaje es el reflejo de que «el deterioro de la sanidad pública es el principal problema del Gobierno andaluz».