Sin embargo, el Partido Popular, lejos de renunciar al control parlamentario del Ejecutivo, hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para hacer de la cámara territorial el «centro de debate», ante la negativa del Gobierno a dar explicaciones en el Congreso con la connivencia de sus socios.
Este cerco al Gobierno comenzará ya la próxima semana con la convocatoria de un pleno en el que los populares forzarán la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que dé cuentas del acuerdo alcanzado en Cataluña.
Montero fue la autora la pasada semana de las palabras que provocaron el enfado de ERC y posterior reacción de otros ministros para salvar el acuerdo catalán. La ministra de Hacienda dijo que la nueva financiación catalana estaba lejos de ser un cupo y negó también cualquier quiebra de la solidaridad entre territorios.
Esas palabras, semanas después de que el pacto fuese anunciado como una suerte de convenio económico para Cataluña, provocaron el enfado de los republicanos -que amenazaron con dejar de dar apoyo al Gobierno- y varios ministros tuvieron que salir al día siguiente a calmar las aguas.
El PP tiene claro que los socialistas han cedido ante ERC con un «obús» que supone una quiebra del sistema de financiación territorial, de la igualdad entre españoles y la solidaridad entre comunidades autónomas. En cualquier caso, quieren que Montero, responsable de la caja del Estado, explique en sede parlamentaria una «serenata» que «no soportan los españoles».
«Que nos informe sobre el secesionismo fiscal, los españoles quieren saber qué ha acordado el Gobierno con Esquerra -ha reivindicado este martes en el Senado la portavoz del Grupo Popular, Alicia García-. Ha empezado el curso huyendo del Congreso pero tendrá que dar todas las explicaciones en el Senado; si el Congreso se cierra, el Senado será el centro del debate para defender la igualdad de los españoles».
Esa defensa de la igualdad se plasmará también en una moción que los populares llevarán a la Cámara Alta, igual que a los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, en contra del concierto catalán y a favor de la solidaridad entre comunidades autónomas.