Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha avanzado este miércoles en León que las comunidades gobernadas por los populares van a celebrar unas pruebas de acceso a la universidad ―antes conocida como selectividad y ahora como EBAU― con unos contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración comunes. El examen se pondrá en marcha en 2025 y harán llegar el modelo al Ministerio de Educación. “Si no lo copian, ellos se lo pierden”, ha señalado. La prueba única era una de las promesas electorales del PP, al igual que Vox.
Los consejeros de Educación de las 11 comunidades gobernadas por el PP (en Canarias las competencias educativas son de Coalición Canaria) se reunieron ayer en Génova para hablar de su propuesta conjunta en busca de la “igualdad y la excelencia”. La idea de una selectividad común ha sido una bandera de Ciudadanos durante años y a ella se ha terminado sumando el PP, que cuando ha estado en el Ejecutivo no ha tomado medidas en ese sentido. Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y cada una de ellas diseña y corrige sus propias pruebas que se adaptan a los contenidos que se estudian en su región (no coinciden todos) y las celebra cuando decide.
Esta disparidad de fechas supone un lío burocrático a la hora de ingresar en una facultad. Esa nota sirve luego para cualquier autonomía, pues el sistema de acceso a la universidad es común a todo el Estado. “No tiene sentido que haya 17 pruebas de acceso a la universidad para acceder al mismo sistema universitario”, ha afirmado Feijóo.
Acto en León
Feijóo ha hecho coincidir este anuncio con el Día Internacional de la Educación y un viaje a León para reivindicar los buenos resultados de Castilla y León en las pruebas de diagnóstico PISA, que se sitúa tradicionalmente primera. Han asistido al acto sobre educación alumnos con excelente expediente académico de la comunidad y su presidente Alfonso Fernández Mañueco, que esta semana mostró sus discrepancias sobre esta prueba a la ministra Pilar Alegría en una reunión privada. No es casual que sea en esta región, pues históricamente todos los consejeros de educación ―y en ocasiones sus presidentes autonómicos― lamentan que en sus aulas de grados con enorme demanda, en especial Medicina, se sientan muchos alumnos de otras comunidades que según PISA tienen peor sistema educativo. La crítica va especialmente dirigida a los alumnos de Extremadura, ahora gobernada por el PP, y Canarias, donde su partido cogobierna desde esta legislatura.
El Ministerio de Educación llegó a consensuar con la mayor parte de las comunidades autónomas hace más de un año una gran armonización de la prueba, que tenía previsto implantar junto al nuevo formato de Selectividad. Muchos especialistas proponen diversas alternativas para que la prueba sea más homogénea, como incluir algunas preguntas comunes en los ejercicios de toda España. Pero desde el Ejecutivo no se puede imponer una selectividad única. El Tribunal Constitucional ya hace 12 años determinó que el Gobierno central tiene competencias para regular la prueba de acceso a la Universidad, pero limitada solo “al contenido básico de la misma”. En ningún caso, seguía la sentencia del TC, “implica ni ha implicado nunca identidad absoluta de los contenidos concretos del examen a superar”, ya que la Generalitat, con quien tenía el litigio, ostentaba una “competencia compartida”.
El acuerdo del ministerio abarcaba el diseño de los exámenes, con concreciones sobre el tipo de tareas a incluir en las pruebas o el número de palabras que deberían redactar los alumnos en la pregunta abierta del examen de Historia de España; el grado de optatividad en los ejercicios; las herramientas de que podrían disponer los alumnos ―como la calculadora o las fórmulas matemáticas― y los criterios de evaluación. Es decir, por ejemplo, cómo se penalizan las faltas de ortografía.
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