Iberdrola justifica las elevadas inversiones en Reino Unido porque «cuenta con marcos regulatorios estables»
El presidente del grupo, Ignacio Galán, se ha reunido de nuevo con el primer ministro británico, Rishi Sunak
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Ribera se replantea el impuesto a las energéticas tras las amenazas de Repsol de trasladar fuera sus inversiones>
Estas declaraciones se producen pocos días después de que Repsol amenazara con llevar a Portugal o Francia inversiones en hidrógeno valoradas en unos 1.500 millones de euros por la falta de seguridad jurídica y fiscal en nuestro país. Otras empresas, como Iberdrola, Endesa y Cepsa también han criticado ese impuesto que ha supuesto un ingreso extraordinario para Hacienda de unos 1.600 millones de euros correspondiente al ejercicio de 2022. A esa cifra hay que sumar otros 1.400 millones por el citado impuesto a la banca.
La responsable de Transición Ecológica ha hecho un guiño a las empresas del sector al destacar que «es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético» y que cuanto antes se logre hacer esa transición, «más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía».
Ribera ha asegurado que el Gobierno está analizando «cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto». En este aspecto, confía en encontrar un balance «justo» respecto al «reparto de beneficios y costes». «Si hay un incremento importante de los beneficios de las ganancias eso requiere una reacción», ha afirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno.
Las energéticas y la banca acentuaron sus críticas hace unos meses cuando se conoció el acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar que convierte en permanente el mencionado impuesto que, en principio, iba a ser extraordinario solo para los ejercicios 2022 y 2023.
El texto del acuerdo dice que «revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar«.