El PP de Madrid quería enviar un mensaje claro al Gobierno central y, al mismo tiempo, demostrar que hará todo lo posible por frenar ese traslado. Su decisión llega en un momento en el que la inmigración acapara buena parte del debate público y también coincide con un endurecimiento claro de las posiciones del partido de Alberto Núñez Feijóo, partidario de defender una política migratoria segura y ordenada, que ya respalda las deportaciones para los inmigrantes que cometan delitos graves –incluso para aquellos que tengan concedida la residencia legal– y que cuestiona el sistema actual de ayudas y subvenciones públicas ligadas al empadronamiento.
Con respecto a los menores extranjeros que llegan a España sin sus familias, las comunidades del PP son muy críticas con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de «repartir los menores como mercancía» sin garantizar la financiación necesaria ni apostar por políticas de integración que garanticen la convivencia y las oportunidades de futuro. Los presidentes autonómicos populares denuncian que el Ejecutivo se ha dedicado a autorizar la recepción de inmigrantes –no solo menores de edad– sin contar con las comunidades ni los ayuntamientos concernidos. Y en muchos casos sin tan siquiera avisar.
El conflicto entre Gobierno y PP madrileño, sin embargo, ha ido escalando esta semana y todo apunta a que continuará. A raíz del caso de Pozuelo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, habló este jueves de «racismo preventivo» mirando a la Puerta del Sol. Y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, remató los ataques hacia Ayuso afirmando que rechaza a estos nuevos menores «por ser de raza negra». La decisión del Ayuntamiento de Pozuelo lleva días gestándose. La alcaldesa, Paloma Tejero, se enteró por los medios de comunicación de los 400 extranjeros de menos de 18 años que su municipio debía recibir en próximos días. A raíz de esta posibilidad –que rechazó desde el primer momento– puso en marcha una inspección urbanística para revisar las condiciones del espacio destinado a la acogida, que ha concluido en que el centro no tiene licencia para uso residencial, que es el necesario para albergar durante un tiempo indefinido a los menores.
El edificio, situado cerca de la Casa de Campo y de zonas residenciales exclusivas del municipio, lleva funcionando desde 2022, cuando cientos de ucranianos que huyeron de la invasión de Rusia, fueron trasladados hasta allí. Se trata de una propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente de ese Ministerio, que dirige la navarra Elma Saiz. En su momento estuvo pensado para alojar a funcionarios en periodo de formación y evitar su desplazamiento a hoteles. Pero nunca se le llegó a dar ese uso. El Ayuntamiento insiste en que el uso hotelero del espacio permite estancias temporales, pero no encaja con la nueva finalidad de acogida permanente. Fuentes del municipio reconocen a ABC que no será sencillo frenar la recepción de los menores si el caso llega a dirimirse en la Justicia.
El asunto ya está también en manos de los tribunales. Ayuso decidió recurrir este jueves en el Tribunal Supremo el real decreto ley que el Gobierno pactó con Junts para establecer los criterios de reparto –con el rechazo del PP– por considerar que es «forzoso y opaco» e invade competencias autonómicas. El acuerdo dejó fuera a Cataluña y País Vasco, que en esta ocasión no recibirán a ningún menor de Canarias. La región madrileña, igual que otras autonomías, ya había acudido al Tribunal Constitucional.
Feijóo fía la estrategia al PP de Madrid
En realidad, la decisión de Feijóo de asumir la línea más dura y dejar en manos de dirigentes del PP de Madrid la estrategia y las posiciones en materia de inmigración ya estaba tomada antes de esta ofensiva. Hasta el punto de que el líder popular ha encomendado esta cartera a la nueva vicesecretaria de coordinación sectorial del PP, la eurodiputada Alma Azcurra. De facto, la número tres del partido desde el último congreso nacional. Sus funciones implican en sí mismas la unificación de todas las posturas en los distintos ámbitos –muchos la consideran la nueva ideóloga popular– y, sin embargo, Feijóo ha querido asignarle específicamente y con todas las letras las competencias en inmigración.
Una decisión que aleja la posición del PP definitivamente de la Política Social, a la que había pertenecido hasta el momento, y que desde ahora vuelve a estar en manos de Carmen Fúnez. En el partido había cierta inquietud por ver qué ocurría, conscientes de que se trata de un debate clave por el que el PP apostará mucho en los próximos meses. Otros vicesecretarios, de hecho, contaban con hacerse cargo de esa cartera. Y con Ezcurra estará como coordinador de Migración del partido a nivel nacional el diputado madrileño Rafa Núñez Huesca. Un hombre muy cercano a Ayuso, también a Alfonso Serrano, que trabajó en el gabinete de la presidenta escribiendo discursos en los momentos de mayor enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y que representa un discurso duro, especialmente en esta materia, dentro del PP. Sus orígenes políticos, hace muchos años, en Vox junto a Santiago Abascal cuando el partido era muy pequeño, también han marcado su trayectoria y su aportación a las siglas populares.
El desembarco de Ezcurra en Génova también implica un cambio de actitud dentro de la formación. Así lo ven dirigentes consultados por ABC, que hacen muchas referencias al discurso que la eurodiputada pronunció en el congreso de principios de julio, al presentar la nueva ponencia política. «Donde hay un olvido, hay un vacío. Y ese vacío acaban llenándolo otros». A la advertencia le siguieron más reflexiones en las que la nueva vicesecretaria planteaba a sus compañeros de filas llevar demasiado tiempo dando explicaciones «de lo que no somos» y «justificando cosas tan sorprendentes», continuó, «como que defender la unidad de la nación no es ser un facha o defender la inmigración legal, segura y ordenada no te convierte en un racista».
Aquellas palabras hicieron que muchos cargos comprendieran el papel que Feijóo le ha pedido a la eurodiputada que ejerza a partir de ahora. En parte, reflexionan los dirigentes consultados, terminar con un estado de cierta comodidad, también ideológica, y tratar de ocupar el espacio de la derecha en su conjunto sin complejos.