De acuerdo con una respuesta por escrito a la diputada autonómica de EH Bildu, Lamia Arcas Nogales, el Gobierno vasco ya ha abierto una primera fase de «análisis y estudio» para conocer el marco jurídico que afecta a una «propuesta de descentralización de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social». Corresponde a la Dirección de Autogobierno, enmarcada dentro de la Consejería de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.
Si bien se trata de una «fase muy inicial», el Ejecutivo regional no deja pasar la oportunidad para recordar a Sánchez las promesas que le permitieron regresar a La Moncloa. Hoy mismo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Vitoria, la portavoz, María Ubarretxena, ha recordado «el mandato para que se puedan cumplir las 29 transferencias pendientes» tras ser preguntada por su valoración del Estatuto de Guernica ante la cercanía de su 45º aniversario (25 de octubre).
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Admiten que, ante la «importancia y la complejidad» del traspaso«, es lógico proceder a un estudio interno de las cuestiones a tratar antes «entrar a negociar y dialogar con el Estado». Unas conversaciones que esperan fecha para ser formalizadas en la Comisión Mixta de Transferencias, instaurada entre el Gobierno central y el vasco, y sobre las que Ubarretxena ha evitado pronunciarse cada vez que es cuestionada al respecto.
En lo relativo al detalle de esta transferencia, su alcance todavía está por concretarse. El PNV remite a la disposición adicional quinta del Estatuto de Autonomía, que habla de una serie de «convenios» mediante los que la Comunidad Autónoma «asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios«.
Es decir, la titularidad de la Seguridad Social seguiría siendo estatal, al igual que su desarrollo reglamentario. La propuesta de traspaso, que el Gobierno Vasco espera remitir antes de que finalice 2024, se valora en unos 12.000 millones de euros, lo que corresponde al coste anual del pago de pensiones y prestaciones en Vizcaya, Gipúzcoa y Alava.