La Junta facilitará la cobertura de las plazas de la Policía Local
El presidente de la Junta avanza que con la futura ley los procesos de ingreso se realizarán a través de actuaciones unificadas y convocatorias conjuntas
Veinte años después de que se aprobase la actual legislación regional sobre policías locales, el Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a un nuevo proyecto de ley que regulará las competencias y funciones de estos cuerpos de seguridad en Castilla y León. Se trata de una norma de 102 artículos que ahora deberá pasar el trámite parlamentario y que, según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es «moderna» y adaptada a las «nuevas funciones» que han ido adquiriendo estos agentes con el paso de los años y conforme a los «cambios» en el Estatuto de la Función Pública.
Así pues, se requería una «actualización», subrayó Suárez-Quiñones, que, en este caso, se ha trabajado «desde hace mucho tiempo» y «mano a mano» con «todos los actores de este ámbito de interés». Esto es, en colaboración con ayuntamientos, sindicatos y asociaciones de carácter urbano, pero también rural. Por ello, el consejero destacó que el texto nace con un «importante consenso» y que apuesta por cuestiones que estaban siendo «muy demandadas» como potenciar «la promoción y movilidad de los efectivos policiales», así como «ahondar» en la conciliación de la vida familiar y laboral de los agentes, con medidas que «protegerán» a las policías embarazadas y en periodo de lactancia. Por otra parte, señaló que se incluyen también acciones para la «composición equilibrada entre hombres y mujeres» de estos cuerpos.
Entre los aspectos que se plantean está, además, el de «flexibilizar» la movilidad e impulsar el desarrollo de una carrera profesional que, hasta ahora, había tenido «posibilidades insuficientes». En ese sentido, detalló que se establecerá un plan desde el punto de vista «vertical» y «horizontal» y se buscará una «homogeneización» entre los diferentes cuerpos locales. Precisamente, en ese punto subrayó que los artículos que se refieren a este asunto hablan de la «uniformidad, vehículos policiales o imagen corporativa».
Otro de los objetivos es que se puedan incrementar las «capacidades de coordinación» de la Junta de Castilla y León en este área y que los procesos unificados de selección se extiendan a todas las categorías. Además, Suárez-Quiñones apuntó que se elaborará un «código ético de conducta» en el proceso de desarrollo reglamentario de la norma y se creará un «órgano técnico asesor» donde podrán exponerse las propuestas de mejora que luego se deriven al Consejo de Cooperación Local. El texto establece otras novedades, como que «previo convenio con la Junta», los agentes puedan adquirir competencias en materia de cumplimiento de disposiciones y órdenes singulares dictadas por la Junta en materia, por ejemplo, relativa a la mujer, a la protección del menor o al medio ambiente.
Además, se establece la posibilidad, también vía convenio, de asumir la tramitación de los procedimientos disciplinarios de los agentes, pero no de sancionar como tal, ya que la competencia es en este caso exclusiva de los ayuntamientos.
En el caso de las condiciones laborales, el nuevo documento incluye la figura de la 'permuta', «muy demanda» por el sector; los premios y distinciones, la salud laboral o la regulación de la segunda actividad, apartado dónde se establece la edad y la inclusión de la causa de embarazo o lactancia de la mujer, «que se combina y se suma a las otras mejoras en materia de flexibilidad y de conciliación de la vida familiar y personal».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete