Los jóvenes 'importan' hoy un 5% menos que hace 20 años a los políticos: el envejecimiento de la población y la precariedad laboral resta un 2,27% del PIB

Los jóvenes son el motor del futuro económico y social de cualquier país, pero en el caso de España, este colectivo sufre las consecuencias de un sistema deficitario. La falta de políticas públicas sólidas destinadas a los jóvenes ha provocado, no sólo que sea un grupo cada vez más reducido -en 20 años, los menores de 25 años han pasado de representar el 30% del total de los españoles al 25%- si no que también se tengan que enfrentar a un sistema educativo deficiente, a altas tasas de desempleo o a puestos de trabajo que no se corresponden con su formación, además de a la dificultad para acceder al mercado de la vivienda.

En definitiva, una larga lista de obstáculos que no sólo lastran su desarrollo personal y profesional, sino también el crecimiento económico de nuestro país. Así lo revela el informeJuventud y Empresa que presentaron ayer la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios.

El estudio cifra el coste de la precariedad laboral de los jóvenes en un 2,27% del Producto Interior Bruto (PIB) y la imposibilidad de que se creen 950.000 puestos de trabajo. «La situación actual de los jóvenes en el mercado laboral afronta serios problemas estructurales, como el estancamiento de la productividad y una alta tasa de desempleo juvenil», señala Santiago Barrenechea, presidente de la Fundación PwC y sostiene que «esta escasez de relevo generacional tendrá grandes implicaciones sobre el gasto público y el mercado de trabajo, lo que subraya la necesidad de buscar soluciones adicionales para afrontar este desafío».

El envejecimiento de la población ha tensionado las finanzas públicas. El hecho de que cada vez haya más residentes mayores de 65 años, ha generado la necesidad de aumentar el gasto en servicios de atención médica y pensiones, poniendo en duda su sostenibilidad. En casi 20 años estas partidas presupuestarias han experimentado un incremento del 56% (entre 2004 y 2021), mientras que el gasto público orientado a la juventud, como son el de la educación, la vivienda o la transición ecológica) apenas ha aumentado un 5% durante el mismo periodo.

Es un círculo vicioso: sin un empleo estable y bien remunerado, no hay capacidad de ahorro, lo que dificulta el acceso a la vivienda. El número de menores de 25 años con una vivienda en propiedad se ha reducido un 40% en los últimos 20 años. Los jóvenes necesitan 9,88 años de trabajo para poder adquirir un inmueble, mientras que para el arrendamiento destinan el 50% de su renta mensual, muy por encima del 30% recomendado.

El problema agravado que existe con la vivienda ha retrasado la edad de emancipación. Los jóvenes españoles se independizan cada vez más tarde -30 años, frente a los 26,4 años que registra de media la Unión Europea- y, por consiguiente, también se retrasa la edad de tener hijos. En resumen, se desestabiliza el equilibrio de la pirámide poblacional. En tan solo una generación (18 años), el número de jóvenes ha caído casi un 20%, al tiempo que el de mayores de 65 años ha crecido en más de un 30%.

La población activa está menguando y también su peso entre los ocupados, lo que pone de manifiesto «las limitadas capacidades del mercado laboral para afrontar el reto demográfico».

Pero encima de que es un grupo cada vez más reducido, para aquellos jóvenes que logran acceder al mercado, sus condiciones laborales destacan por sus altas tasas de precariedad y parcialidad, situándose en una situación relativa peor que el conjunto de la UE. Según el estudio, esta situación se debe principalmente a las deficiencias del sistema educativo y a la ineficiencia de las políticas activas de empleo.

Además, destacan que «el modelo de crecimiento con un reducido peso del sector industrial y la predominancia de micro y pequeñas empresas agravan la vulnerabilidad del empleo ante crisis económicas y dificultan la retención y atracción de talento». Por ello, recalcan «es preciso impulsar medidas para fomentar el crecimiento del tamaño medio de nuestras empresas, sobre todo a través de la reducción del exceso de regulación y burocracia y la supresión de trabas fiscales y laborales, combatiendo una situación que perjudica el progreso y la consolidación del sistema, ahora muy fragmentado».

Sin embargo, desde el Círculo de Empresarios consideran que el modelo educativo es también el pilar fundamental para enfrentar estos «desafíos laborales y demográficos». A pesar de que la proporción de trabajadores universitarios que existe en España es superior a la media europea, es uno de los países europeos con más gente empleada por debajo de su capacidad. De hecho, es el país con la mayor proporción de jóvenes que después de terminar sus estudios no consigue un empleo.

En total, nuestro país registra la tasa de sobrecualificación más alta de Europa. Sin embargo, el informe alerta de que esta situación evidencia el «gran desajuste» que existe entre las competencias obtenidas en la etapa educativa y las demandadas por el mercado laboral, lo que explica las altas tasas de desempleo en este colectivo, el gran problema del mercado laboral español. En 2022, tanto la tasa general (13%) como la juvenil (22,4%) fue casi el doble que la registrada en la media de los países miembros (6,3% y 11,3% respectivamente), lo que señala a España como el país con la mayor tasa de desempleo de la UE y el segundo en desempleo juvenil, solo por detrás de Grecia (24,3%).

El informe asegura que si en nuestro país se lograra reducir la brecha joven, entendida como la diferencia entre las condiciones laborales de los jóvenes y las de la población general, se transformaría por completo el panorama económico, puesto que la incorporación de miles de jóvenes supondría una reducción de la tasa de desempleo juvenil del 21,4% actual a un 14,1% y elevaría la de actividad del 50,3% al 60,6%. Además, estas contrataciones reducirían la tasa de paro en España del 12,3 % actual al 11,2%, y la tasa de actividad general subiría del 74,5% al 76,9%.

Para ello, plantean un total de 30 propuestas para mejorar las perspectivas de los jóvenes en nuestro país, como la necesidad de transformar los procesos de selección y aumentar la participación empresarial en la educación para acercar los sistemas formativos a las habilidades demandadas en el mercado laboral. Además, sugieren «innovar en los paquetes de compensación para apoyar a los jóvenes en la conciliación de la vida familiar y profesional».