La pareja de Ayuso demanda al Ayuntamiento de Madrid por la supuesta filtración del expediente de las obras de su piso
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid, que dirige el también popular José Luis Martínez-Almeida, por la presunta filtración del expediente de obras del piso en el que vive con la líder conservadora, según han adelantado fuentes municipales a El Debate y ha podido confirmar EL PAÍS. El escrito ha sido registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con el argumento de que hubo accesos indebidos a esa documentación, que llegó supuestamente a manos de políticos y periodistas antes de que el propio interesado pudiera acceder a ella.
PSOE y Más Madrid solicitaron ver el expediente de obra días después de que en marzo saltaran las sospechas de que Amador había hecho una obra ilegal en un piso del distrito pudiente de Chamberí, donde reside con Ayuso. El empresario compró la vivienda en julio de 2022, tras cometer dos presuntos delitos de fraude fiscal por los que está siendo investigado judicialmente. Los dos grupos municipales de la oposición de izquierda pidieron esa información haciendo uso de su derecho de control y fiscalización del Gobierno, protegido por la Ley de Bases del Régimen Local. Por esa vía solicitan frecuentemente acceso a copias de expedientes urbanísticos de cualquier particular en Madrid.
Irónicamente, antes de la denuncia de Amador, estos dos partidos se habían quejado de que el Ayuntamiento les había obstruido ese derecho, porque la copia del expediente que recibieron contenía datos censurados y no estaba foliada. Esto es una irregularidad extraordinaria, según dos técnicos urbanísticos que hablaron con EL PAÍS. El PSOE denunció esa supuesta censura a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha tenido que responder a una denuncia de Más Madrid del 20 de marzo por presunta infracción urbanística de Amador. Esa denuncia motivó el 20 de mayo la visita de una inspectora, arquitecta técnica del distrito de Chamberí, que confirmó que Amador terminó la obra a pesar de que no constaba permiso en las bases urbanísticas municipales. EL PAÍS había adelantado esta noticia un mes y medio antes.
El acta de la inspectora habla de las obras “en un único inmueble”, lo que descartaba la unión entre este piso y el ático inmediatamente superior, adquirido el año pasado por el abogado de la pareja de Ayuso. Una semana después de esta visita, el coordinador del distrito de Chamberí firmó un documento con la orden de “legalización” de las obras. El Ayuntamiento emplazó así a González Amador a obtener la licencia en dos meses. De lo contrario, o si esta fuese denegada, se podrá proceder a la demolición a costa del interesado. Además, se advertía a Amador de que esto no impedía la imposición de una sanción prevista en la Ley de Suelo, donde la realización de obras sin licencias se castiga con cuantías de entre 600 y 30.000 euros.
Amador ha sido denunciado por Hacienda y la Fiscalía por la comisión de dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Mientras ese caso se dirime en los tribunales, el comisionista, que multiplicó las ganancias de su empresa durante la pandemia, se ha querellado contra la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa que desmentía las informaciones tergiversadas que el equipo de Díaz Ayuso estaba vertiendo sobre el ministerio público tras la apertura del procedimiento. A esa decisión legal se une ahora la denuncia por la presunta filtración del expediente de las obras de su piso.
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