El Ministerio calcula que cada región deberá tener 32 plazas de menores migrantes por cada 100.000 habitantes. Lo que significa que casi todas las comunidades deberán habilitar nuevas camas.
Sin consenso con las comunidades, no porque no haya habido diálogo, -es la tercera vez que se reúnen los técnicos del Ministerio de Juventud con los consejeros territoriales del ramo- si no porque ante la imposibilidad de alcanzar unanimidad en las votaciones para alterar la propuesta del Gobierno, el decreto ley y el reparto planteado y pactado con sus socios nacionalistas sigue su curso. Ya lo avisó la titular de la cartera de Juventud, Sira Rego: «En ausencia de alternativa, se aplica el real decreto».
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La reunión que ha tenido lugar este miércoles en Madrid ha sido otra estación en el 'vía crucis' particular que está siendo llevar a cabo el reparto interterritorial de los más de 4.000 menores que continúan hacinados en centros de Canarias. Hoy, el Ministerio de Rego ha presentado esa «capacidad ordinaria» de acogida que debe alcanzar cada comunidad, de la cual dependerá la ayuda económica que reciba cada región, de encontrarse más o menos cerca del objetivo, pero que sin embargo no condiciona el número de menores que recibirán después cuando se establezca el reparto definitivo tras la Sectorial. Esta capacidad ordinaria además se ha elaborado con datos desactualizados.
Existen a ahora mismo cuatros comunidades que, según el secretario, no han presentado datos. Baleares, Valencia, Galicia y, el ejemplo más sonado, Aragón. Además de los territorios que hicieron una interpretación errónea de lo que se les requería, como fue el caso de Madrid.
Partiendo de esa base, el número de camas que se ha estimado para cada comunidad se ha elaborado con datos desactualizados extraídos del registro MENA con fecha del 31 de diciembre de 2024. Según estos nuevos cálculos casi todos los territorios deberán crear más plazas para acoger menores en situación de desamparo. Deberán hacerlo en tiempo récord, pues la próxima conferencia sectorial servirá para fijar los criterios y la aspiración de Rego siempre ha sido comenzar los traslados en verano, aunque el decreto se curó en salud estableciendo un plazo máximo de un año para llevarlo a cabo.