Incertidumbre en Toledo ante la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones

El proyecto avanza con la instalación de más de cien cámaras en toda la ciudad para identificar los vehículos que acceden por las principales entradas, así como otras cámaras de vídeo para la supervisión del tráfico, que se sumarán a las que ya operan desde hace años en la Sala Turriano. El objetivo es visualizar el tráfico en tiempo real en distintas zonas de la ciudad para controlar las vías más concurridas.

Algunas de las medidas ya anunciadas que se pondrán en marcha, además de la instalación de cámaras de vídeo, incluyen: medidores de calidad del aire en diversas zonas; estaciones de aforo que permitirán completar y mejorar la red de puntos de aforo existentes; diferentes tipos de señalización; paneles informativos de Mensaje Variable en los principales accesos; paneles de señalización oculta; y paneles de información sobre plazas libres en aparcamientos públicos.

Toledo instalará 86 cámaras, paneles y señales para aplicar la Zona de Bajas Emisiones

DANIEL MARÍN

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento, afectará al Casco Histórico y el 15 de octubre estará asentado por completo

Mientras el equipo de gobierno pide paciencia hasta conocer los términos de esta nueva regulación, que podría entrar en vigor a principios de año, la ciudadanía tiene preguntas sobre cómo se implementará y si afectará la entrada de vehículos. También se cuestiona cuáles serán los distintivos medioambientales de la DGT obligatorios en Toledo, si habrá limitaciones para automóviles con pegatinas B y C, y si los no residentes podrán aparcar en el Casco Histórico. Además, se habla de la reducción de la subida de autobuses al Casco Histórico, aunque se desconoce cómo se llevará a cabo.

Por su parte, los técnicos municipales trabajan en la redacción de la ordenanza tras haber recibido sugerencias de los vecinos durante el verano. El 5 de septiembre se cerró el plazo para aceptar estas aportaciones sobre los objetivos de la implantación de la ZBE de Toledo, así como sobre excepciones, autorizaciones o moratorias que deben regularse, y cualquier otra cuestión relacionada con la aplicación de la ZBE.

Tanto el Grupo Municipal Socialista como el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, han solicitado más información al equipo de gobierno sobre este asunto, del que afirman, según han manifestado a ABC, desconocer plazos y contenido. Fernández advierte que esto podría poner en peligro la recepción de los fondos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que dispone de una subvención de 3,7 millones de euros ligada a fondos europeos, y que debía haberse ejecutado en 2023, aunque se consiguió una prórroga. «Este incumplimiento», según Fernández, «pone en peligro la salud de las personas, la llegada o devolución de los fondos europeos y que nuestra ciudad sea más saludable y habitable, dando más espacio a las personas y a la naturaleza».

El grupo municipal Socialista también lamenta la falta de información, especialmente la que afecta directamente a comerciantes y empresarios de la ciudad, quienes se verán impactados por esta ordenanza. Además, denuncian, al igual que IU, que se están incumpliendo los plazos, lo que podría suponer «una sanción para el equipo de gobierno, una multa o la devolución de las subvenciones concedidas».

Una situación que el concejal socialista, José Carlos Vega, calificó este verano de «falta de respeto institucional, ya que se toman decisiones y se informa públicamente sin consultar, antes de seguir los cauces normativos establecidos y convocar la pertinente Comisión de Movilidad». Asimismo, el grupo municipal Socialista informó que el equipo de gobierno no está comunicando toda la verdad sobre el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones que se está implementando, entre otras cosas porque «no lo desarrolló el actual equipo de gobierno y, al haberlo heredado, no lo conoce o no quiere decir las cosas como son», dijo Vega, quien explicó que «los equipos de medición de calidad del aire, que se implementarán con la subvención procedente de los fondos europeos, sí van a determinar la movilidad de la ciudad, pudiendo producir restricciones de tráfico, dependiendo del tipo de etiqueta que tengan los vehículos y de los valores detectados, lo que irá en beneficio de la salud sanitaria de la población y de la medioambiental».