Feijóo acelera al 6 de septiembre la cumbre con sus barones: "Un desafío histórico al marco constitucional"
El Partido Popular tiene fecha para el inicio de su ofensiva fiscal contra Pedro Sánchez y el cupo catalán comprometido con ERC para lograr la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Alberto Núñez Feijóo reunirá en Madrid a todos sus barones autonómicos el próximo viernes 6 de septiembre, según les comunicó este fin de semana la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en una carta a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
En esa misiva, Gamarra cita a todos los dirigentes territoriales con responsabilidades de gobierno «para abordar un tema tan importante y trascendente» como el privilegio fiscal para Cataluña pactado entre socialistas e independentistas. El PP describe ese acuerdo, que ya provocó críticas en federaciones socialistas, como «un desafío histórico a nuestro marco constitucional» y «una reforma bilateral que rompe el sistema de financiación autonómica».
Feijóo busca armar un frente común que permita al partido enarbolar unido la bandera de la solidaridad territorial como ariete contra Sánchez. Sin divisiones internas. Actualmente, todos los territorios en los que gobierna el PP reclaman reformas o mejoras del sistema de financiación autonómica, aunque tradicionalmente han diferido en los elementos de cálculo que deberían guiar los cambios en el reparto de la caja común del Estado.
Todas las comunidades coinciden en la necesidad de una reforma «justa», que excluya cualquier pacto «bilateral» como el que Sánchez pretende abordar con Cataluña y que evite el previsible desenlace del pacto con ERC: que los territorios que más tienen, no paguen menos. Pero mientras regiones como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana reclaman mayor peso de la población en el reparto de fondos, otras como Aragón, Castilla y León o Extremadura tienen entre sus exigencias incluir criterios de compensación por factores como el envejecimiento, la superficie a cubrir en la prestación de servicios públicos y la densidad de población.
Existen casos especiales, además, como el de Baleares, donde el Ejecutivo que lidera Marga Prohens pide atender a realidades como la llegada masiva de turistas que consumen recursos públicos, el mayor coste de la vida en su territorio o el crecimiento de población. «Está bien destinar recursos a ayudar a la España que se vacía, pero también hay que tener en cuenta que hay una España que se llena y que, como consecuencia, tiene más gasto en educación o sanidad, por ejemplo», se afirma desde el Govern, como ejemplo de la disparidad de casuísticas que afectan a una negociación de este tipo y que dificultan la adopción de una posición única sobre financiación en un mapa autonómico tan teñido de azul como el que resultó de las elecciones del 28-M de 2023.
Por eso, el PP ya admite en público que la reunión de barones del 6 de septiembre es clave para fijar esa posición conjunta en un tema con potencial de desgaste para el Gobierno. Este lunes, la vicesecretaria nacional de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, confirmó que se trata de «hacer un frente común contra esta discriminación, contra esta desigualdad de todos los españoles, ante un desafío histórico al que se enfrenta España». Durante una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), Alós advirtió que el pacto entre el PSC y ERC para sacar a Cataluña del régimen común pone en juego «el Estado del Bienestar» y supone «la ruptura y la derogación de nuestra Constitución».
«Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido aceptar directamente el negocio de los independentistas, ellos se quedan con los ingresos y reparten las deudas», analizó Alós.
También ayer, en Málaga, el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, avanzó un inicio de curso político «intenso» en el que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, además de sobre financiación, forzará al Gobierno a pronunciarse «claramente» sobre el resultado de las elecciones en Venezuela y reactivará la presión por el caso de los ERE después de que el Tribunal Constitucional librara de parte de sus responsabilidades penales en los últimos meses a los ex dirigentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y a varios consejeros de sus respectivas administraciones cuando estaban al frente de la Junta de Andalucía.