La izquierda independentista no quiere quedarse atrás y sigue la estela de Junts y del PNV, que ya registraron sendas comisiones de investigación por los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y por la conocida como operación Cataluña, supuestamente montada para desacreditar a políticos independentistas. Ambas fueron ya calificadas el martes por la Mesa del Congreso, con el voto en contra del PP. Junts incluye los ataques yihadistas en territorio catalán en el presunto 'lawfare', porque abraza una teoría de la conspiración que vincula al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll (Gerona), Abdelbaki Es Satty, que fue el cerebro del 17A.
Ahora, con dos comisiones de investigación relacionadas con el 'lawfare' ya en tramitación, la izquierda separatista registra una tercera. Este asunto ya estaba pactado en el acuerdo para la constitución de la Mesa firmado entre el PSOE y ERC, gracias al cual los independentistas cedieron sus votos para que la socialista Francina Armengol fuese presidenta, aunque los socialistas no asumieron esa guerra judicial hasta el pacto con Junts para investir a Sánchez, en el que se cerraron también los flecos de la ley de amnistía.
ERC, Bildu y BNG piden una comisión de investigación «sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a través de los 'malware' Pegasus y Candiru a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados». Según reveló 'The New Yorker', al menos seis decenas de independentistas —entre ellos el ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès— fueron investigados a través del 'malware' Pegasus, que es un sistema de ciberespionaje que roba todo tipo de información de los teléfonos móviles y al que solo tienen acceso los Estados. La entonces directora del CNI, Paz Esteban, llegó a reconocer el espionaje legal y autorizado de dieciocho líderes independentistas, pero la polémica y la presión de los socios de Sánchez le costó el puesto.
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