El dictador venezolano y su mujer, Cilia Flores, enfrentan cargos por narcotráfico y posesión de armas y por primera vez verán las caras del juez que supervisará su caso: Alvin Hellerstein, un magistrado de 92 años que conoce el paño a la perfección. Él ha sido quien también asumió el juicio de otro alto cargo del chavismo, Hugo 'el Pollo' Carvajal, que formó parte de la imputación original de Maduro, la que recibió en 2020 junto a media docena de líderes de la dictadura en Venezuela.
La comparecencia debería ser una vista sencilla, en la que se leerán los cargos a Maduro y a Flores y el magistrado les preguntará si se declaran culpables o no culpables. A falta de un acuerdo de cooperación con el Gobierno de EE.UU., del que no se tienen noticias, el expresidente de Venezuela y su mujer se declararán no culpables, lo que desencadenará los primeros casos para su juicio.
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Pero la vista será también la primera oportunidad para vislumbrar la defensa que, en ese caso, planteará Maduro. La línea principal se centrará en la inmunidad frente a persecución penal que asiste a los jefes de Estado de Gobiernos extranjeros.
Los aliados de Maduro en Venezuela, muchos demócratas en EE.UU. y algunos Gobiernos extranjeros han criticado la captura del dictador venezolano como una violación de la legislación internacional.
Es improbable que esta línea de defensa, sin embargo, tenga recorrido en la sede judicial federal de EE.UU. Un antecedente clave apunta a que el juez Hellerstein no tumbará el caso por esas alegaciones: la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1990.
La defensa de Noriega también alegó entonces que su captura y su procesamiento eran ilegales por la inmunidad que le asistía. La Justicia de EE.UU. no le dio la razón y acabó condenado a cuarenta años de cárcel, también por narcotráfico.
Hay diferencias entre el caso de Noriega y el de Maduro. El panameño nunca fue de manera formal el presidente de Panamá, sino un líder militar convertido en mandatario 'de facto'.
Pero Maduro, aunque fuera presidente de Venezuela en el momento de su captura, no es reconocido como tal por EE.UU. ni por la mayoría de países occidentales. No es casualidad que una de las primeras reacciones tras la captura del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue compartir un mensaje en redes sociales del pasado julio en el que decía: «Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el Gobierno legítimo. Maduro es el jefe del cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que controla un país. Y está imputado por introducir droga en EE.UU.».
Prófugo de la Justicia
En esencia, la posición oficial de EE.UU. es que Maduro no es un jefe de Estado sino un prófugo de la Justicia. Y los jueces estadounidenses, de forma generalizada, no cuestionan las decisiones en política exterior del poder ejecutivo. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo desde el siglo XIX que impone que el Gobierno puede perseguir a líderes extranjeros con independencia de si llegaron a EE.UU. de forma ilegal.
En el caso de Noriega, el Gobierno de EE.UU. se basó entonces en una opinión legal redactada por William Barr, un alto cargo del Departamento de Justicia que fue después fiscal general con Trump. Barr defendió que la Carta de la ONU, que prohibe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, no impide a EE.UU. ejecutar «secuestros por fuerza» para cumplir las leyes del país.
La cuestión de que no hubo autorización por parte del Congreso para que el Ejército llevara a cabo la operación militar tampoco apunta a que pese en la decisión del juez de seguir adelante con el caso.
«Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el Gobierno legítimo»
Marco Rubio
Secretario de Estado
Si, como se espera, Maduro y su mujer se declaran no culpables, el juez tomará la decisión de imponerles la prisión preventiva sin fianza. Es decir, harán el camino de vuelta a Brooklyn, al Metropolitan Detention Center, la cárcel federal en la que ingresaron horas después de su captura.
Es probable que su defensa alegue que las condiciones duras de esta prisión –ha sido calificada como «inhumana», «infierno en vida», el «Guantánamo de Nueva York»– ameritan un tratamiento diferente. Pero es difícil pensar que el juez tome otra medida que no sea devolverles a sus celdas en Brooklyn mientras decide los siguientes pasos de su procedimiento judicial.