El FMI pide al Gobierno que se replantee el control de precios del alquiler, la reforma de las pensiones y la reducción de jornada

No es ningún secreto que al organismo multilateral le preocupa desde hace años la falta de decisión del Gobierno de España a la hora de afrontar el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. "Es preciso abordar las presiones fiscales derivadas de la creciente brecha proyectada entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la seguridad social, dando prioridad a medidas que favorezcan el empleo", advierten los analistas del Fondo en su último informe sobre España, el célebre reporte del artículo IV.

Al organismo le inquieta particularmente la cada vez mayor brecha entre los ingresos que genera el sistema de pensiones y los gastos a los que tiene que atender, incluso después de haber abordado la mayor subida de las cotizaciones sociales de los últimos 30 años, un enfoque para garantizar el futuro de las pensiones que no parece compartir. "Dadas las posibles consecuencias adversas para el empleo de una mayor cuña fiscal laboral, deben considerarse alternativas a la subida de los tipos de cotización", dice le informe, apuntando justo a lo que el Gobierno ha tratado de evitar retocando los parámetros de la evaluación que correspondía hacer este año para no tener que adoptar ninguna medida de ajuste sobre el sistema.

El FMI reitera su propuesta de alargar el periodo de cotización que se tiene en cuenta a la hora de calcular la pensión y llama al Ejecutivo a persistir en medidas que ayuden a prolongar la vida laboral de los trabajadores vía incentivos económicos y dispositivos para ir reduciendo la jornada de trabajo según se van cumpliendo años. Pero también pide al Gobierno que retoque la llamada cláusula de salvaguarda, el dispositivo incluido en la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá para asegura la adopción de medidas si el gasto sobre PIB crece más de lo previsto y que a juicio del FMI tiene limitaciones que deberían corregirse. Su propuesta es que se active no en función de que el peso del gasto en pensiones sobre el PIB supere un determinado umbral sino cuando la brecha entre los ingresos y los gastos del sistema se amplíe más lo razonable.