El Gobierno presiona al PP: "Que decida si está con las políticas ultra de Vox o con los derechos de la infancia"
El Gobierno redobla la presión sobre el PP para qué dé apoyo en el Congreso a la proposición de ley, registrada hoy con la firma de PSOE, SUMAR y CC, con el fin reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y convertir en obligatorio el reparto entre todas las CCAA de los menores inmigrantes no acompañados.
"Feijóo debe decidir si se pone del lado de las políticas ultra de Vox o de los derechos de la infancia", ha afirmado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, poniendo el foco en la posición que finalmente adopten los populares una vez que Junts ya ha anunciado que votará en contra de la propuesta restando así siete votos imprescindibles para que la mayoría de investidura sacara adelante la iniciativa sin necesidad de más respaldos.
El objetivo del Gobierno y los grupos firmantes es el de tramitar la proposición con carácter de urgencia a fin de que el próximo día 23 pudiera recibir el visto bueno del Congreso y estar en disposición de pasar al Senado. El paso por la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, sería fulgurante si este partido decidiera apoyar la iniciativa.
La propuesta plantea un mecanismo vinculante de reparto inmediato de los menores inmigrantes por las distintas CCAA. Este reparto se haría en función de criterios que tiene en cuenta el PIB de cada territorio, su renta per cápita, su población y el número de acogidas realizadas en los seis meses previos. También garantiza una financiación por parte del Estado de 145 euros diarios por menor acogido.
Una vez que entrara en vigor la ley, todos los menores no acompañados que lleguen a partir de ese momento a Canarias serían derivados a los distintos territorios peninsulares en un plazo máximo de 15 días. Ellos tendrán prioridad frente a los 6.000 niños migrantes que en la actualidad se encuentran ya en el archipiélago. Para la distribución de estos el plazo es de un año.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que gobierna en las islas con el apoyo de los populares ha insistido en que las islas se enfrentan a un auténtico "drama humanitario" que será mucho mayor con el incremento de entradas que se esperan para el mes de agosto. Clavijo quiere confiar en una tramitación rápida pero advierte de que si esta embarranca, exigirá que el reparto obligatorio sea aprobado por el Gobierno mediante un decreto ley. Una fórmula de este tipo tendría que ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días, pero en ese periodo de tiempo sería posible proceder al reparto de los menores que obligatoriamente tiene que hacerse en dos semanas y ya no tendría marcha atrás aunque la convalidación finalmente no prosperara.
Clavijo mantiene la esperanza de que en el curso de los próximos días se pueda llegar a un punto de encuentro "con las fuerzas que tienen vocación de Estado" y ha recordado en este sentido que, tras la ruptura de Vox con los populares en seis CCAA, "el PP está ahora más libre para alcanzar acuerdos de Estado".
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sostiene que el mecanismo contemplado en la proposición de ley es "la única solución que da respuesta definitiva al problema". En su opinión, la iniciativa preserva el interés de las CCAA, tiene financiación y, además, incluye un plazo de tres meses por si, previo acuerdo de la conferencia sectorial en la que participan todas las autonomías, se quisiera cambiar alguno de los criterios de reparto.
"Esta proposición es la solución", ha dicho. "La modificación de la ley está estudiada. Ninguna comunidad quedaría exenta. Invito a que su aprobación sea unánime", ha asegurado antes de admitir que "a día de hoy" el apoyo a la misma "no está garantizado porque el PP aún no ha dado su sí y otros grupos como Junts ya han dicho que no". Consciente de la firmeza de los independentistas, Torres ha puesto el foco en el PP: "Lo que resta ahora es invitar a los populares y tenderles la mano".