El Supremo busca más donaciones de empresarios a la trama Cerdán

Por un lado, el juez pidió información de donaciones realizadas por los cinco empresarios investigados en la trama por pagar presuntamente mordidas a los políticos a cambio de obra pública. Por otro, solicitó la información patrimonial de Fiadelso -la fundación que José Luis Ábalos creó en los años 90 en la Comunidad Valenciana para la cooperación internacional y continuó vigente hasta el año 2023- y el alta y baja de trabajadores de ésta, así como las cotizaciones de la misma.

En su declaración del pasado lunes como imputado ante el juez, Antxon Alonso, propietario de Servinabar -la empresa navarra que habría facilitado a Acciona la entrada en Navarra para realizar obra pública adjudicada por el Ministerio de Transportes- reconoció haber hecho una entrega de 4.500 euros en julio de 2018 a Fiadelso. Según la investigación judicial, el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, estuvo al tanto de dicho pago, informando a Koldo García de que se había hecho.

El juez investigará donaciones de 44.000 euros de Ábalos al PSOE

Carmen Lucas-Torres

La Guardia Civil, en su informe entregado al magistrado Leopoldo Puente el 5 de junio, recogió una captura de pantalla de un correo enviado por Santos Cerdán al asesor de Ábalos el 6 de julio de 2018 en el que se indicaba que Servinabar 2000 había efectuado una transferencia de 4.500 euros a una cuenta del banco BBVA a favor de Fiadelso. Fue la hija de José Luis Ábalos, Tatiana Ábalos, quien estuvo pendiente de la entrega. Para los agentes, según el citado informe, «de estos extremos se deduce que Santos dispondría de cierta capacidad de decisión sobre los fondos de Servinabar, que en este caso fueron transferidos a Fiadelso (fundación en la que figura como fundador Ábalos). Igualmente, se colige que este pago pudiera ser recurrente, ya que Koldo indicó que el retraso en el abono no se volvería a repetir».

Dos años antes de dicha transferencia, también según la documentación incautada a Antxon Alonso en su domicilio, el empresario y Cerdán firmaron un documento por el que el primero compraba el 45% de las participaciones de Servinabar por 6.000 euros.

El juez Puente reclamó ayer los datos sobre donaciones, información tributaria y patrimonial de dicha compañía, así como de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y de Obras Públicas y Regadíos, de los también investigados José Ruz y Antonio y Daniel Fernández Menéndez, respectivamente.

Además, reclamó toda la información de Fernando Agustín Merino, el trabajador de Acciona despedido en 2021 e investigado como enlace entre la multinacional y la empresa navarra Servinabar.

Paralelamente, y de los mismos años (entre 2014 y 2024) el magistrado pidió al PSOE las donaciones aportadas por el exministro socialista y diputado a la formación puesto que no cuadra la cantidad que aparece en sus cuentas bancarias y la recogida por Hacienda.

También ve el magistrado instructor «aparente falta de sintonía» entre lo que Hacienda recoge que el Congreso pagó a Ábalos y lo que aparece en su banco. De ahí que también pida a la Cámara Baja información detallada al respecto.

Según advirtió ayer la Guardia Civil al juez, mientras Hacienda «imputa a Ábalos haber realizado donaciones al PSOE por un total de 44.729 euros, en los productos bancarios solo existe constancia de pagos al PSOE desde el año 2014 hasta el año 2024, ambos inclusive, por un monto total de 8.471 euros».

Por otro lado, los agentes informaron al instructor de que «analizadas las percepciones económicas imputadas por la AEAT a Ábalos por el Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, consta un total de 751.421 euros, sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas dimanante directamente del Congreso de los Diputados asciende a un total, en esos mismos años, de 78.841 euros».

Con estas petición de información, que ahora hace suyas el juez, los investigadores de la UCO pretenden «conocer la verdadera situación patrimonial de determinadas personas físicas que aparecen en este procedimiento, así como esa misma situación económica, funcionamiento general, dimensiones y operativas de determinadas personas jurídicas».

El objetivo de los agentes, por tanto, es tener «una imagen completa del ámbito financiero y tributario de las personas físicas y jurídicas intervinientes en los hechos investigados».

Aunque ni la UCO, ni el juez, hacen ninguna mención a cuál es el sentido final de su investigación, es muy relevante que se pidan tanto las cuentas de Fiadelso, la fundación de José Luis Ábalos, y de las empresas que presuntamente recibieron adjudicaciones de obra pública gracias a los pagos a la red corrupta que, según sostiene el magistrado, dirigía Santos Cerdán.

El análisis de las cuentas servirá a los investigadores para conocer si hubo más donaciones de las empresas a la fundación y, en ese caso, si hay patrones comunes en la entrega de fondos que puedan ser vinculados a adjudicaciones.

Todas estas gestiones están dirigidas a determinar si, además de un incremento patrimonial de los investigados, puede haber irregularidades en las aportaciones del diputado al PSOE. Hay que recordar que las fundaciones ya han sido utilizadas para llenar las arcas de un partido, como supuestamente sucedió con el caso de Catdem y Convergència.

Según las investigaciones judiciales del caso del 3 por ciento, la formación nacionalista recibía fondos de las empresas beneficiadas por obra pública a través de donaciones a la fundación, que era la herramienta clave para la financiación irregular de ese partido.

Ya el pasado mes de marzo la UCO puso el foco en la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), la sociedad valenciana constituida y fundada por Ábalos en los años 90. Entonces, los investigadores justificaban que, pese a que la fundación fue extinguida a finales de 2023 -unos meses antes de que la Guardia Civil explotara la primera fase de la operación Delorme, centrada en ese momento en una trama de mordidas en torno a la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes- resultaba de interés dado que «la vinculación de Ábalos y su entorno familiar» con la misma «habría perdurado a lo largo del tiempo, llegando hasta el presente».

Según aquel oficio, el ahora diputado del Grupo Mixto fue el presidente de Fiadelso de 1993 a 1998 junto al empresario Manuel Valls (fallecido en 2022), y compró en 2003 el local donde se constituyó la sede en Valencia. Su mujer entre 2007 y 2022, Carolina Perles, figuraba como vocal del patronato en 2018. La UCO también destacaba que fue a través de Fiadelso como Ábalos adquirió en 1998 por 823,58 euros dos inmuebles en Perú donde se habría constituido un centro de formación. Y pidió «toda la documentación» que la Generaltitat Valenciana tuviera en su poder sobre Fiadelso pero, según explicó, por un error técnico, no disponen de sus cuentas desde 2016.