El Gobierno crea la CNE para contar con un regulador “superespecializado” en energía
La nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE) echa andar este martes. Al menos, en lo puramente normativo: el Consejo de Ministros aprobará a mediodía el anteproyecto de ley que restablece este regulador energético más de una década después de su desaparición, cuando todas las funciones quedaron en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, justifica su creación en la necesidad de contar con “estructuras organizativas dedicadas y superespecializadas”. “Condiciones”, añade, que “manteniéndose integrado dentro de la actual CNMC, difícilmente podrá cumplir un regulador energético”.
El Ejecutivo argumenta que, con el restablecimiento de un nuevo ente “se garantizará un mayor nivel de especialización del mismo en lo relativo a la materia energética, a la par que se apuntala su nivel de autonomía”, así como que el sector energético “se someta a la fiscalización de autoridades externas que realicen tareas de regulación y supervisión capaces de evitar potenciales fallos de mercado”. “En suma, la recuperación de la CNE de naturaleza independiente, con objetivos, funciones, estructura y con presupuesto propio, se antoja como una iniciativa fundamental para poder hacer frente a la bifurcación de las funciones de los reguladores energéticos”, se lee.
Más allá de las competencias que tenía la CNE antes de que, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy centralizase todas las funciones de regulación y supervisión del mercado energético en la CNMC, el anteproyecto “propone la incorporación en las metodologías de retribución de redes la posibilidad de que haya incentivos a la calidad del servicio y consecución de los objetivos de descarbonización” y le da nuevas funciones en gases renovables e hidrógeno, dos vectores importantes para la transición energética. Además, la nueva Comisión incorporará a su catálogo de atribuciones la “resolución de conflictos que le sean planteados por operadores económicos en los mercados de electricidad y gas”.
En su argumentación, el Gobierno de coalición también echa mano de una comparativa con el resto de vecinos europeos. Son, dice, “múltiples” los países de la UE que tienen un regulador centrado exclusivamente en cuestiones de índole energética: Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia. “En cambio, es mucho más reducido el número de los países donde los supervisores asumen una perspectiva multisectorial: Estonia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia y la propia España”. Hasta ahora.
Nuevo fondo
Más allá de la creación del nuevo regulador energético, el anteproyecto que pasará este martes por el Consejo de Ministros crea un fondo para la gestión económico-financiera de las liquidaciones del sistema eléctrico. Un instrumento que, dice, “permitirá la separación entre los flujos de dinero gestionados por la CNE para el sistema eléctrico y los flujos de recursos propios” de este organismo y que achaca a las atribuciones que tendrá en la liquidación de ingresos y costes del citado sistema eléctrico. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) lleva años pidiendo ese fondo.
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