El Gobierno favorece a entidades afines con las ayudas sociales del IRPF

Fundación Mujeres, otra entidad que defiende «los valores progresistas y democráticos del feminismo de la igualdad» y que encabeza la veterana dirigente socialista Elena Valenciano -hoy consejera de Estado- obtuvo en los mismos años más de 4,8 millones de euros. En su organigrama destacan, además, otras integrantes cercanas al PSOE, militantes o antiguos cargos como es el caso de Concepción Dancausa, exportavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid y diputada en la Asamblea madrileña.

Las dos entidades dirigidas por personas del ámbito del PSOE suman más de 10 millones en ayudas públicas del IRPF de los ciudadanos, lo que equivale, por ejemplo, al 75% de lo que recibió en el mismo tiempo Cáritas, que aglutina las entidades de la Iglesia católica (14 millones en total).

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En algunos ejercicios las dos organizaciones pilotadas por personas vinculadas al PSOE superaron con mucho la subvención que recibían las distintas entidades de la Iglesia por esa vía, y aparecen muy por delante en la lista de otras organizaciones conocidas por su trabajo en el Tercer Sector como la Confederación Autismo España, que reúne un total de 163 entidades por todo el país y que prestan apoyo especializado a personas con este trastorno y a sus familias. Esta organización recibió, sin embargo, 3,6 millones en seis años.

La subvención del 0,7% es la partida que los contribuyentes pueden destinar a colaborar con proyectos sociales cuando hacen la declaración de la renta, bien a través de la Iglesia -tiene una casilla propia- o de entidades del Tercer Sector no gubernamental.

El Gobierno y las comunidades autónomas son las encargadas de convocar las bases reguladoras con los requisitos y los criterios de selección, y cada administración distribuye una parte de las ayudas. En teoría, se priorizan los proyectos destinados a colectivos vulnerables y que también contribuyan al interés general y social. Sin embargo, la falta de objetividad a la hora de fijar criterios concede a las administraciones una discrecionalidad que después se ve reflejada en algunos casos.

Los datos sobre las mayores beneficiarias de estos años a nivel estatal han visto la luz por una pregunta parlamentaria de la senadora del PP, Teresa Ruiz Sillero, dirigida al Gobierno por escrito y que tiene obligación de contestar. La respuesta, a la que ha accedido este periódico, incide en que la competencia de la elección y el desglose no es del Ministerio de Hacienda sino del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al ser el encargado de convocar las subvenciones. Hoy depende de Sumar. Los primeros años del Gobierno de Sánchez estas convocatorias estaban en manos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales que primero dirigió la socialista María Luisa Carcedo, después asumió Salvador Illa y ya, más tarde, quedó dividido con la llegada de Carolina Darias, que solo retuvo Sanidad y sumó Política Territorial y Función Pública, dejando en manos de sus socios minoritarios los asuntos sociales.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, denuncia en ABC que el Gobierno «riegue a asociaciones socialistas con dinero público» en vez de «ayudar más a las personas que lo necesitan para luchar contra la pobreza infantil o visibilizar el autismo». El primer partido de la oposición insiste en que las subvenciones del 0,7 deberían servir para «tejer una red que proteja a los más débiles».

«Pero Sánchez ha tejido una red de intercambio de favores que beneficia a asociaciones amigas», insiste García, reprochando que las dos entidades en cuestión -la Federación de Mujeres Progresistas y Fundación Mujeres- hayan evitado, por ejemplo, «salir a las calles en contra del Gobierno por la ley del sí es sí o el uso que el sanchismo ha hecho de la prostitución en beneficio político propio».

Esa ley del Ministerio de Igualdad -que entonces dirigía Podemos con Irene Montero a la cabeza- ha sido uno de los principales caballos de batalla de oposición para el PP. También implicó un desgaste enorme para la izquierda.

Los populares denuncian, además, que no haya un mayor porcentaje de ayudas a asociaciones que combaten directamente la pobreza infantil después de que España confirmara en 2024, según los datos de Eurostat, que mantiene sus cifras más altas. Un 34,6% de los menores de dieciocho años (más de un tercio del total) se encontraba en situación de exclusión social o pobreza el año pasado. Y la media europea, sin embargo, se sitúa en el 24,2%, bastante por debajo de la situación española.

Con las cifras en la mano y más allá de las entidades que tienen vínculos con los socialistas, Cruz Roja es la organización que más ayudas recibe de la casilla de la declaración de la renta en todos los ejercicios, sumando 43 millones de euros entre 2018 a 2024. También la Fundación Secretariado Gitano es una receptora habitual con contribuciones que alcanzan los 20 millones de euros.

Una cifra casi idéntica a lo que percibió la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que está en los puestos más altos de las tablas prácticamente en cada año y que también obtuvo ayudas públicas de más de 20 millones de euros en este periodo.

Hay otras entidades que se dedican a defender la igualdad o que dan apoyo a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y, en cambio, solo recibieron subvenciones durante dos años. Es el caso de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, que tuvo ayudas estatales en 2018 (por valor de 774.387 euros) y 2019 (755.000 euros). Más subvenciones recibió, en cambio, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que en esos dos ejercicios percibió 779.375 euros y 734.000 euros, a lo que sumó otros 660.000 euros al año siguiente, en 2020.

Algunas de las entidades que se repiten como beneficiarias año a año son la Confederación Plena Inclusión España (16,7 millones de euros), la Fundación ANAR -dedicada a atender a niños y adolescentes con problemas de depresión, acoso escolar o que sufren violencia- (6,6 millones de euros); Proyecto Hombre -referente en el ámbito de la salud mental y las adicciones- y que recibió 9,5 millones; o la Confederación de Salud Mental España, receptora de otros 5,9 millones, o Médicos del Mundo (con 8,1 millones).

También se aprecian incorporaciones de entidades a las subvenciones provenientes de la casilla de la declaración de la renta que están relacionadas con asuntos que han ganado espacio en el debate público, como la vivienda, y a la que el Gobierno no da solución a pesar de ser percibida como una de las principales preocupaciones. En los ejercicios recientes (2022, 2023 y 2024) la organización Provivienda -que se dedica a mejorar las condiciones de acceso a una vivienda adecuada- tuvo ayudas públicas por valor de 866.154 euros, 567.869 euros y 1,1 millones respectivamente.