Los comunes abocan al fracaso los presupuestos catalanes pactados por ERC y el PSC

El Ejecutivo monocolor de Esquerra Republicana afronta este miércoles la votación de las enmiendas a la totalidad de su proyecto de Presupuestos sin tener la certeza sobre si la tramitación seguirá y con el fantasma de un adelanto electoral sobrevolando la sesión en el Parlament. La suma de republicanos y socialistas, que dieron apoyo a las cuentas, solo llega a 66 diputados (a dos de la mayoría absoluta) y los comunes han cerrado durante el debate cualquier posibilidad de retirar su veto a las cuentas. “Cataluña no está en venta”, ha remachado su jefa de filas, Jéssica Albiach, remarcando que la línea roja es la continuidad del macroproyecto de casinos Hard Rock. Otras fórmulas de apoyo tampoco han prosperado. Tras la defensa del contenido del Presupuesto realizada por la consejera de Economía, Natàlia Mas, Junts per Catalunya ha intervenido calificando la situación de “grave” y ha invitado al president a convocar elecciones si el pleno no concluye con una propuesta “clara y sólida de presupuestos”. La CUP y Ciudadanos también han dejado entrever que es hora de volver a las urnas.

El debate se ha iniciado con la firme decisión de los comunes de no validar las cuentas pactadas por ERC y el PSC. Los liderados por Albiach pidieron como condición para retirar su enmienda a la totalidad que el president Pere Aragonès rechazara de manera nítida al polémico proyecto en Tarragona, que contempla 1.200 máquinas tragaperras e implicaría el consumo de agua equivalente al de una ciudad de 30.000 habitantes. Ante el bloqueo, el líder de Junts, Albert Batet ha dicho: “No pueden alargar esta agonía. O hay una propuesta clara y sólida o le corresponde convocar elecciones”.

En un tono grave que evocó al que utilizó en 2022 en el que pidió a Aragonès que se sometiera a una moción de confianza, el diputado ha citado que los Presupuestos llegan “tarde y mal”, ha aludido a su juicio al fracaso en educación y en la gestión de la sequía y ha enumerado las peticiones de su formación, básicamente de calado social, reclamando rebajas del Impuesto de la Renta y la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones. Junts, que no ha aludido en ningún momento al Hard Rock, ha difundido su propuesta de siete puntos a la espera de un movimiento de Aragonès. El partido de Puigdemont no confía demasiado en ningún gesto mientras los comunes han mostrado cómo se ha agriado su relación con ERC en este tramo final de la negociación.

“Si cuando gobierna la izquierda asumimos los planteamientos de la derecha ¿Cuándo nos van votar?”, se ha preguntado la diputada afirmando que el Hard Rock aspira a ser Las Vegas del Mediterráneo, que contempla 300 mesas de juego, con una fiscalidad como la de Macao y un consumo de agua equiparable a una ciudad de 30.000 habitantes en medio de una sequía que esá torturando a la pagesia. Albiach ha calificado las últimas propuestas del Govern como un inaudito “brindis al sol” y ha señalado que su mayor decepción ha sido saber que Aragonès creía que los presupuestos podían decidirse desde Madrid. “Ni nos manda Madrid ni nos manda La Caixa. No se si todo el mundo puede decir lo mismo. Somos una fuerza soberana”, ha afirmado Albiach en un mensaje dirigido al PSC. Con todo, no ha reclamado como Junts elecciones.

El debate se sigue con gran inquietud también desde Madrid. En los pasillos del Congreso este es el asunto central de conversación ante el riesgo de que, en cascada, un fracaso de los Presupuestos catalanes acabe arrastrando también a un fiasco en las cuentas generales y con el riesgo de que un adelanto electoral en Cataluña haga tambalear la legislatura. En las últimas horas, según diversas fuentes, ha habido conversaciones a todos los niveles entre el PSOE, Sumar y ERC para intentar encontrar una salida. La Moncloa ha intentado que Yolanda Díaz convenza a los comunes. Pero Díaz a su vez pide a los socialistas que le reclamen a Salvador Illa que ceda en un asunto muy difícil de aceptar para la izquierda, una especie de Eurovegas en Cataluña.

El debate también se ha agriado con la dura intervención de Esquerra y del PSC. La portavoz del partido en el Parlament, Marta Vilalta, ha acusado a Junts de “hacer puro teatro” con su supuesta propuesta de última hora y ha criticado que los comunes de renunciara grandes mejoras en economía, vivienda y sanidad por “un render que no se llegará a hacer”, en referencia al proyecto de Tarragona. La socialista Alícia Romero ha recriminado a los comunes que en 2022 aprobaron unos presupuestos que contemplaban 216 millones para la compra de terrenos del Hard Rock. “¿Qué ha cambiado? Pues que estamos a final de legislatura”, ha afirmado.

Todos culpan al otro, mientras Illa sostiene que él ya tiene un pacto firmado con ERC y no tiene sentido que lo cambie por una exigencia de los comunes. Pero la sensación que transmiten al máximo nivel tanto en el sector socialista del Gobierno como en el de Sumar es que no temen que esto ponga en riesgo la legislatura. Los socialistas creen que ERC sabe que ellos están dispuestos a aprobar los Presupuestos, que tienen un pacto cerrado, y por eso no creen que pueda haber una venganza de los republicanos en la negociación de los Presupuestos generales. En Sumar también creen que este conflicto entre socios en Cataluña no tiene por qué afectar a la política nacional. Desde el sector socialista del Gobierno admiten que esto no ayuda a la negociación de los Presupuestos, que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero, pero confían en que no la rompa porque tanto Junts como ERC, y más después de aprobar mañana la amnistía, tienen incentivos fuertes para acordar estos Presupuestos. Lo que es posible, admiten, es que el precio sea más alto.

Con antelación, la consejera Mas ha acusado a los comunes de “contaminar” todo el proyecto de presupuestos cuando no hay un euro previsto para el Hard Rock al tiempo que ha recriminado a Junts de “no haber tenido voluntad política” de negociar las cuentas y de querer rebajas fiscales que implicarían “muchos recortes”. La consejera ha defendido el anteproyecto sobre todo por una cuestión: porque los 2.400 millones adicionales de gasto que incluye se antoja el último gran crecimiento de recursos públicos antes de que la Comisión Europea acabe con la relajación fiscal que ha permitido a sus Estados miembros para paliar el impacto de la covid.

“Tenemos que aprovechar el buen comportamiento de la economía catalana y la suspensión de las reglas fiscales”, ha señalado en defensa de las cuentas citando partidas que crecerían desde las inversiones, que vuelven a superar los 3.000 millones de euros, hasta los recursos destinados al Estado del bienestar —”podríamos dejar atrás los recortes [de la Gran recesión] e ir más allá”, ha dicho— o al ciclo del agua, en plena sequía. “Habrá que explicar muy bien el bloqueo”, ha advertido en una comparecencia parlamentaria en la que ha introducido muchas cuestiones extrapresupuestarias. Entre ellas, la negociación sobre el traspaso de Rodalies de Renfe a la Generalitat, del mínimo vital y sobre todo un nuevo modelo de financiación singular.

Ese último aspecto ha jugado un papel relevante en el discurso de la consellera, que ha aprovechado el manifiesto lanzado la semana pasada por una veintena de entidades empresariales y económicas, que abogaba por una modificación “profunda” del modelo de financiación. Mas ha reiterado las cifras de déficit fiscal (casi un 10%, según sus cálculos) y ha reivindicado que su modificación es la única forma de elevar el techo de gasto de la Generalitat. “Si no somos capaces de modificar la financiación, nuestros ingresos habrán tocado techo”, ha dicho, tras recordar que el Govern presentará su propuesta el próximo martes.

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