Jueces del Supremo y vocales del CGPJ alertan: "Los cinco días de reflexión son la preparación del asalto a la Justicia"

«Los cinco días de reflexión son la preparación del asalto a la Justicia», diagnostica un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en conversación con EL MUNDO. «El presidente ya tiene una coartada para justificar reformas en materia de judicial y al máximo nivel: salvar a España del lawfare, pues su experiencia personal es el mejor ejemplo de que se trata de una cuestión que hay que abordar de inmediato», indica un magistrado del Tribunal Supremo. «Van a rebajar las mayorías para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder y también las mayorías para designar a los magistrados del Supremo. Así se asegurarán designar a dos tercios del tribunal para los próximos 25 años», sostiene otro juez de este órgano. «Buscan darle la vuelta a la Justicia», recalca otro vocal consultado por este periódico.

La preocupación dentro del Poder Judicial es extrema tras el discurso lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, primero en la carta donde se presentó como una víctima de «la máquina del fango» y una «estrategia de acoso y derribo» y, después, en la declaración donde anunció que continuará al frente del Ejecutivo y que «nuestro país necesita hacer una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza».

En los últimos años, los miembros de la judicatura han tenido la sensación continua de ser un estorbo en los planes de Sánchez y las fuerzas independentistas. A esta percepción se suma la «colonización» de las instituciones llevada a cabo por el Ejecutivo de coalición. «Junto con los medios de comunicación críticos, el único eslabón de la cadena que no controla es el Poder Judicial y lo ha puesto en la diana con el pretexto de la investigación a su mujer», indican fuentes jurídicas, en referencia a las diligencias previas que un juez de Madrid ha abierto a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La encuesta exprés realizada por el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) tras la carta en la que Sánchez amenazaba con dimitir contenía preguntas sobre la Justicia que han sido calificadas de «terribles» por distintos jueces y vocales consultados. Entre las preguntas de la encuesta de Tezanos publicada ayer figuraba si «¿cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada o cree que sólo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?». También si «ahora, pensando en el caos de la situación de la justicia en España, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos?». O «tal y como está la situación en España en estos momentos, ¿qué cree usted que es necesario?». «Las preguntas del CIS son gravísimas y no son casuales porque trabajan ya en el asalto de la Justicia», recalca un juez de la alta magistratura.

A esto se suma que el Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, está tratando de impulsar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende dejar en manos de los fiscales -en vez de en los jueces- las instrucciones penales. «Otro dato que no podemos obviar porque los jueces somos incómodos y a la Fiscalía es más fácil controlarla», agregan fuentes jurídicas.

Por otro lado, tras conocerse la decisión del presidente, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sostuvo ayer que para hacer un «punto y aparte» -como señaló el líder del PSOE en su declaración institucional- es necesario reformar «el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial sin mirar al PP». En la actualidad, la Ley exige el acuerdo de tres quintos de las Cámaras para poder designar a los miembros del Consejo.

En este escenario, son muchas las voces dentro del órgano de gobierno de los jueces y el Supremo que tienen el convencimiento pleno de que el Ejecutivo va a modificar el sistema de elección de los vocales y así logrará el «control de la Justicia». El pasado día 8, Bolaños se reunió con la Sala de Gobierno del Alto Tribunal y les informó que su intención es llegar a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo, supervisión de la Comisión Europea mediante. Sin embargo, el ministro deslizó que si Génova continúa «bloqueando» el pacto habrá que pensar en un «plan B».

«El próximo CGPJ nombrará al 70 por ciento del Tribunal Supremo», subrayan fuentes jurídicas. Es decir, el nuevo órgano de gobierno de los jueces tendrá el poder de renovar dos terceras partes del Supremo, órgano jurisdiccional que controla las investigaciones contra los miembros del Ejecutivo (en su condición de aforados) y que revisa las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros. «El objetivo último es el Supremo, no el Consejo», coinciden varios magistrados y vocales al unísono.

No obstante, al abordar una rebaja de las mayorías para designar a los vocales de procedencia judicial del órgano de gobierno de los jueces, las críticas también son hacia el Partido Popular. «El PP tiene que renovar el CGPJ antes de que se busque una salida mucho peor, no se puede tener un órgano constitucional secuestrado durante cinco años», concluyen.