Los letrados del Senado atacan la ley de amnistía por inconstitucional pero admiten que no pueden bloquear su tramitación
Los letrados del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, han resuelto que la Mesa de la Cámara alta tiene que aceptar la tramitación de la ley de amnistía aunque el artículo 104 de su Reglamento no lo especifique expresamente, según los criterios del Tribunal Constitucional. Los servicios jurídicos aseguran a su vez que el contenido de la norma presenta “dudas sobre su constitucionalidad advertidas por la Secretaria General de la Cámara y de la posible vulneración del artículo 23 de la Constitución”. El informe de los letrados, adelantado por La Razón y al que ha accedido este periódico, se ha hecho público un día antes de que la ley sobre la medida de gracia sea calificada por la Mesa en su reunión de este martes.
La Mesa, gobernada por el PP, pidió en enero dos dictámenes: uno sobre el contenido de la norma y otro sobre las consecuencias de no admitir a trámite la iniciativa cuando la norma sea remitida desde el Congreso, como pedía Vox. Eso sí, los populares tenían prácticamente claro que no podían negarse, según fuentes del partido. Y como así se ha ratificado este lunes. En el texto, los letrados aprecian que “la Mesa del Senado no puede oponer una calificación distinta en esta fase, no puede negarse a la tramitación, fuere el que fuere el resultado de esta (vetar, enmendar, o no pronunciarse)”.
El PP renovó a finales de enero a toda la cúpula de los servicios jurídicos. La nueva letrada mayor, Sara Sieira Mucientes, es considerada una especialista en el procés. “No está de más señalar las dificultades que el aplicador del Derecho tiene cuál es la intensidad que ha de tener la inconstitucionalidad para poder ser calificada de evidente y palmaria”, indica el informe. Y hace un llamamiento. “Quizá sea el momento en que el Tribunal Constitucional deba revisar esta doctrina. La inconstitucionalidad no admite grados”, agrega.
El grupo parlamentario popular en el Senado también impulsó una reforma del Reglamento para que las leyes remitidas desde el Congreso que hayan sido calificadas de urgencia puedan ser frenadas por la Cámara alta. De esa forma, su tramitación podrá lastrarse hasta dos meses en lugar de 20 días. Los letrados también se han pronunciado sobre esta modificación y señalan que el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre este extremo, tras el recurso interpuesto por el PSOE ante el tribunal de garantías. Los populares se han movido ya este martes, y han registrado un escrito ante la Mesa para que mañana martes cambie el proceso de urgencia de la ley de amnistía al proceso ordinario. Esto es, de 20 días a dos meses. Con lo cual, según el calendario, la norma saldría del Senado a mediados de mayo. Y con la previsible enmienda, parcial o total, que el PP pretende plantear una vez sea remitida a la Comisión correspondiente. Fuentes de la Presidencia de la Cámara alta avanzaban que esa Comisión será la de Justicia o la Constitucional.
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