Así lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que fue acordada por conformidad de las partes, en la que el condenado reconoce la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida, informa Ep.
La sentencia considera probado que el condenado, como auxiliar administrativo en la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos, tenía entre sus funciones la apertura, gestión y cancelación de las cuentas bancarias de los menores que se encontraban tutelados por la Gerencia así como del archivo de expedientes de los menores a cuya documentación tenía acceso.
Durante los años 2012 a 2016, el acusado aprovechó sus funciones propias de su cargo «con el deseo de obtener un inmediato beneficio y alterando y faltando a la verdad», ya que de su propio puño y letra simulaba e imitaba la firma del gerente -en el cargo hasta el 31 de agosto de 2016- y de la persona que asumió la gerencia tras el cese del anterior.
El acusado falsificaba las rúbricas en los justificantes o modelos de solicitud de reintegros que se utilizaban para autorizar los actos de disposición del dinero de las cuentas bancarias titularidad exclusiva de los menores en las que se ingresaban sus pensiones, acudía presencialmente a las oficinas de la entidad bancaria correspondiente y gracias a los justificantes en los que él mismo había fingido la firma de la persona autorizada para ello, realizaba diversos reintegros de dinero en efectivo que incorporaba a su patrimonio.
La Policía Nacional les intervino también bastones extensibles, un palo de golf y máscaras artesanales realizadas con balones de baloncesto
Así, sustrajo dinero de las cuentas a seis menores, con cantidades que ascendieron respectivamente a 18.206,5; 5.595; 2.110,88; 4.827,50; 1.860; 1562,40 euros.
A la fecha de la comisión de los hechos descritos, los menores se encontraban o se habían encontrado bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. En ambos casos, las cuentas bancarias permanecían a disposición de dichos servicios.
La Junta ha restituido a todos los perjudicados la totalidad del dinero que el acusado hizo suyo incrementado en un 10 por ciento.