Andalucía aprueba una oferta de empleo público de 3.223 plazas para maestros y profesores en 2024
Con la oferta impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que dirige María del Carmen Castillo, se pretende cubrir la totalidad de las bajas de personal que se registraron durante el pasado año, 2023. La norma permite que se puedan hacer convocatorias para asumir la tasa de reposición durante los tres años siguientes.
Las plazas que se van a convocar han sido pactadas previamente con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación celebrada el pasado 2 de mayo, que son CSIF, ANPE, USTEA, CCOO y UGT. Entre los años 2025 y 2026 se convocarán unas 14.000 plazas en total.
En lo que respecta al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria se ofertan 2.164 plazas de 31 especialidades, entre las que destacan: Inglés con 230 plazas; Informática con 225 puestos; Matemáticas con 199; Educación Física con 180; Lengua Castellana y Literatura y Sistemas y Aplicaciones Informáticas con 125 plazas respectivamente y Geografía e Historia con 100 plazas.
En cuanto al cuerpo de maestros, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha lanzado1.000 plazas de ocho especialidades. De ellas, 300 para Educación Primaria; 180 para Educación Infantil; 170 para Pedagogía Terapéutica y 100 para Lengua Extranjera - Inglés, Educación Física y Audición y Lenguaje, entre otras.
En lo que atañe a los catedráticos de Música y Artes Escénicas son 18 plazas que corresponde a ocho especialidades distintas. Así, 5 son para Piano; 3 para Saxofón y Composición, respectivamente; 2 plazas para Improvisación y Acompañamiento y Repertorio con piano para instrumentos. El resto de las plazas son para las especialidades de Danza Española, Baile Flamenco y Escenificación aplicada a la Danza. Las 41 plazas para Profesores de Música y Artes Escénicas son para la especialidad de Piano.
Objetivo: garantizar el servicio público
Según ha informado en una nota de prensa la Consejería de Desarrollo Educativo, esta oferta persigue «garantizar la atención del servicio educativo, la necesidad de adaptar el currículum de las enseñanzas a medio plazo y las fluctuaciones permanentes de plantillas debidas a factores como la natalidad, el número de matriculaciones o movimientos demográficos».
Se reserva también un cupo de al menos el 10% de las plazas para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.