El PP pide que el ministro Marlaska comparezca en el Congreso por el veto al coronel Pérez de los Cobos
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el veto al ascenso a general del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
Según informan fuentes del grupo parlamentario popular a EL MUNDO, el motivo concreto de la petición de comparecencia de Marlaska es «informar sobre el incumplimiento reiterado de hasta tres sentencias del Tribunal Supremo contra su decisión de vetar el ascenso a general del coronel Pérez de los Cobos; resoluciones judiciales que entre otras cosas consideran que el Gobierno actuó de forma ilegal al ascender a tres generales en detrimento del coronel».
El partido de Alberto Núñez Feijóo adopta esta iniciativa contra el titular de Interior después de que este periódico informara ayer de que la actuación del Ejecutivo respecto del coronel fue calificada por el Tribunal Supremo como ilegal. En tres sentencias, que carecen de precedentes en la historia de la Guardia Civil, la Sala Tercera anuló por segunda vez los ascensos de tres generales promovidos en detrimento del coronel del 1-O.
Además, el Partido Popular también ha instado a que comparezca en la Cámara Baja el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para que informe sobre la decisión «arbitraria e ilegal» de continuar vetando el ascenso a De los Cobos.
Asimismo, la ofensiva de los populares por este asunto al Ejecutivo culmina con el registro, en la Mesa del Congreso de los Diputados, de una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las cuestiones planteadas, el PP le pregunta «cuándo tiene previsto declarar al coronel Diego Pérez de los Cobos apto para el ascenso a general como le corresponde, sin saltarse el escalafón».
También le interroga por si puede justificar el veto al citado mando de la Guardia Civil y si éste está relacionado con que Pérez de los Cobos fuera el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que se negó a informar a Interior del desarrollo de la investigación judicial abierta por la celebración de las manifestaciones del 8-M en plena expansión de la pandemia por Covid-19. Sobre su destitución, el Tribunal Supremo concluyó que fue un «cese político» e «injustificado».