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El plazo del primer día de agosto que impuso unilateralmente el presidente Donald Trump para implantar aranceles del 30% se acerca inexorablemente sin que haya señales de ningún acuerdo en perspectiva. Primero fueron las advertencias de que la propuesta de eliminar mutuamente todas las barreras comerciales que proponía la Comisión debería ser descartada; luego se habló de que Estados Unidos tampoco aceptaba un arancel mutuo del 10%, y finalmente el propio Sefcovic reconoció que un 30% de derechos de aduanas «equivale a interrumpir el comercio transatlántico».
Así que lo único que parece estar avanzando en estos momentos son los preparativos para aplicar un segundo paquete de aranceles que atacaría a sectores que suman unos 75.000 millones de euros y que se sumarían al de 21.000 millones que se acordó para contestar los aranceles unilaterales al acero y el aluminio, y que están suspendidos hasta el próximo 6 de agosto, para no entorpecer las negociaciones.
Así las cosas, en Bruselas se está intensificando la impresión de que la Comisión podría acabar poniendo sobre la mesa la legislación anticoerción, considerada como la «bomba atómica» en materia de conflictos comerciales. Esta legislación fue creada para combatir las posibles maniobras de China y permite a las autoridades europeas imponer medidas muy poderosas como la prohibición de importaciones, la exclusión de empresas del mercado de trabajo público o la retirada de licencias a operadores de servicios.
No se ha utilizado nunca y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho cuando le han preguntado si había llegado el momento de hacerlo que «aún no estamos ahí». Sin embargo, Francia está presionando para que se ponga sobre la mesa, aunque sea como medida de presión en las negociaciones. Alemania se ha sumado en los últimos días a los que creen que si no hay acuerdo con Washington, la UE debería utilizar este recurso que permtiría, por ejemplo, rescindir contratos o retirar autorizaciones de explotación sin que los afectados pudieran acudir a los tribunales para reclamar daños y perjuicios.
Sin embargo, la Comisión sigue pensando que un no acuerdo con Estados Unidos sería una catástrofe para el comercio mundial y convertirlo en una guerra transatlántica no haría más que empeorar las cosas, así que por el momento insiste en limitar la respuesta al campo de los aranceles.