Concretamente, según explicó este lunes la conselleira de Medio Ambiente, el traspaso de la competencia afecta a 86 concellos -eran 82 costeros y se incluyeron cuatro más que forman parte del dominio público marítimo terrestre: Tui, Coirós, Padrón y Pontecesures- que acumulan el 58% de la población, esto es, «1,5 millones de habitantes gallegos estarán afectados por esta ordenación». En total, incluye 2.555 kilómetros de costa, de los cuales 1.659 pertenecen al perímetro costero, 432 a islas e islotes y 464 a marismas y arenales.
Cifras muy elevadas que representan la dimensión e importancia que tendrá este cambio de gestión, para la que el Gobierno autonómico lleva preparándose ya más de un año. Entre los cambios más destacados, que avanzó la titular de Medio Ambiente, sobresale la creación de un procedimiento integrado y único para todas las autorizaciones administrativas y títulos habilitantes en la costa, con el objetivo de agilizar los trámites. «Hablamos de autorizaciones de usos de temporada en playas, de actividades en las que concurran circunstancias de intensidad o rentabilidad, de ocupación del dominio marítimo-terrestre y de zonas de servidumbre de tránsito y de acceso al mar». Incluye, también, las concesiones demaniales -permisos temporales-, desde las requeridas para efectuar vertidos en el dominio marítimo-terrestre a las exigidas para explotaciones de acuicultura. Dentro de este bloque, además, se creará un registro de concesiones.
La hoja de ruta incluye también la elaboración de un catalogo de patrimonio cultural, para el que ya se han dado los primeros pasos. Se desarrollará a partir del inventario realizado por la Xunta en el año 2019, que incluye 459 elementos de diversa índole -bienes patrimoniales, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado, como molinos o antiguas conserveras-. «Esto nos va a permitir promover actuaciones estratégicas sobre los bienes de importancia cultural que lo integren, para su puesta en valor, recuperación y rehabilitación», indicó Vázquez. Además de su uso original, en el catálogo se reflejará que otros usos futuros son compatibles con su naturaleza, garantizando de este modo su correcta conservación.
En enero, además, la Xunta comenzó a elaborar las Directrices de ordenación del litoral, que será el «elemento básico de planificación». Actualmente, una vez finalizado el proceso de consulta pública y haber recibido 17 alegaciones, explicó Vázquez, se está redactando el documento, que será aprobado antes de que finalice el año. Asimismo, recordó que en octubre del año pasado se conformó la Comisión Interdepartamental de la Coordinación del Litoral, que será el órgano de coordinación y toma de decisiones. En ella participan los titulares de las consellerías competentes en la materia -Medio Ambiente, Mar, Turismo y Patrimonio Cultural-, y, según indicó la conselleira, volverá a convocarse antes de que se haga efectivo el traspaso.
También se creará el Pacto Gallego por el Litoral, con el objetivo de «fomentar el desarrollo sostenible, innovador y competitivo de sus sectores productivos», continuó la titular de Medio Ambiente. Una «iniciativa estratégica», indicó, con la que la Xunta aspira a «convertir la costa gallega en un ejemplo de dinamismo económico sostenible» y a la Comunidad «en un referente europeo de referencia costera» con tres ejes estratégicos: medio ambiental, social y económico. En el marco de este pacto se desarrollarán iniciativas como una cumbre de municipios costeros o encuentros con el sector. Además, se conformará el denominado Foro del Litoral de Galicia, un órgano colegiado de «participación, asesoramiento y consulta», que estará integrado por la Xunta, las universidades y diversos organismos científicos, de sectores productivos, ambientales y de defensa del patrimonio cultural«. El decreto por el cual que regula este organismo está actualmente en fase de consulta, y la previsión es aprobarlo antes del verano.
Todo ello será analizado por una Comisión de Seguimiento de Traspasos, que tendrá el objetivo de garantizar una adecuada coordinación, tanto en la gestión de títulos como en la cooperación transfronteriza con Portugal. Estará constiuida, explicó, por tres miembros designaos por la Administración central y otros tres de la autonómica, y se reunirá, al menos, una vez al año -y, adicionalmente, a petición de cualquiera de los dos gobiernos-. Este organismo servirá para resolver las discrepancias que pudieran surgir, coordinar la entrega de documentos y datos de expedientes en tramitación y de los expedientes de las funciones y servicios que se traspasan.