Defiende que «no hay impedimento en la gestión de los recursos hidricos, unico aspecto sobre el que debe pronunciarse Confederación, para ejecutar los trabajos»
La respuesta del órgano de cuenca del Guadiana, que preside Samuel Moraleda, incluso eleva el tono en su negativa por escrito a dar el permiso para la ejecución de una obra definitiva de conexión del embalse de El Viso con el de Belmez. Una paradoja, ya que el PSOE había reclamado y exigido esta intervención durante años. Una posición que giró después de que la Junta de Andalucía adjudicara esta obra a la empresa cordobesa Jicar por 9,3 millones de euros.
La Junta, en la misma línea que la Diputación de Córdoba, alegó que la CHG «se extralimita» en sus competencias en los argumentos que daba para tumbar el enlace, según detalló el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina.
En sus alegaciones, criticó que «lo que está haciendo es pronunciarse sobre cuestiones que no le competen», entre las que citó que «no le corresponde abordar el impacto ambiental», ya que «la Junta es la competente», a la vez que añadió que «la Confederación no tiene competencia para valorar si un gasto de otra Administración es económicamente viable», puesto que «su informe pretende limitar el alcance de nuestra intervención, algo inadmisible desde el punto de vista legal y administrativo; quieren imponernos decisiones que no le competen», denunció.
Sobre el conflicto de competencias alegado, la CHG ha tomado un nuevo camino. En este caso, el órgano de cuenca ha remitido esta cuestión a la Abogacía del Estado para que emita un informe pronunciándose sobre la competencia o falta de ella por la Confederación para pronunciarse sobre las cuestiones mediambientales y económicas.
La remisión del conflicto de competencias entre la CHG y la Junta a la Abogacía de Estado tiene un doble efecto para la tramitación del permiso del enlace de los embalses. La primera consecuencia es que se paralizan por completo los plazos del expediente administrativo hasta que los responsables jurídicos den una respuesta sobre la competencia.
La segunda consecuencia, y vinculada a la primera, es que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ralentiza de nuevo la posible solución final al conflicto, puesto que no se producirá ningún avance en el expediente hasta que haya una respuesta de la Abogacía del Estado. La CHG, en su primera respuesta negativa, tardó ya más de diez meses en pronunciarse.
Un informe considera que cumpliría los valores permitidos con el tratamiento de potabilización previsto
Esta segunda negativa de la CHG a autorizar a la Junta la obra de conexión de La Colada con Sierra Boyera en auxilio de la Diputación de Córdoba, escenificada ahora en el 'no' también a las alegaciones de los gobienos regional y provincial, supone un paso más para que esta cuestión pueda finalizar en judicializada en los tribunales.
La obra de enlace de los dos embalses no es una cuestión menor. De hecho, supone la única garantía de suministro de agua a más de 73.000 vecinos de 24 municipios de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches si vuelve a agotarse el líquido del pantano belmezano, una situación que ya se produjo en marzo de 2023.
Meses antes de este momento, el Gobierno de España ejecutó una obra de emergencia y de carácter provisional, tal y como él mismo definió, para abastecer a los ciudadanos del Norte de Córdoba. Con ella, se trasvasó agua de La Colada a Sierra Boyera que no era apta para el consumo humano. El agua potable llegó durante 14 meses en camiones cisternas a estos municipios financiados por la Diputación.
El trasvase necesitaba de una obra definitiva de conexión para consolidar y mejorar la provisional. La Junta de Andalucía adjudicó esta intervención a Jicar por 9,3 millones. Entonces, la CHG le negó el permiso para ejecutarla. Junta y Diputación alegaron y ahora vuelven a obtener una respuesta negativa del órgano de cuenca. El caso puede estar a meses de judicializarse.