El Gobierno llevará a la ONU la ley de memoria de PP-Vox en Castilla y León
El Ejecutivo considera que las normas autonómicas atentan contra los derechos humanos
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Gallardo defiende la Ley de Concordia y se pregunta «quiénes son estos relatores» de la ONU y «con quién guardan afinidad»>
García-Gallardo se ha referido de este modo a la resolución de esos expertos a través de la que ha instado al Gobierno de España a que «tome las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, tras alegar que pueden «invisibilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».
El vicepresidente de la Junta ha asegurado tras la celebración de la Jornada de Estudio que el Grupo de los Reformistas Europeos (ErC) ha organizado en Valladolid que ha conocido este informe a través de los medios de comunicación y ha avanzado que está «deseando» poder recibirlo de una manera formal.
«Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución«, ha cuestionado García-Gallardo, quien ha insistido en que cuando cuente con el documento y pueda hacer un análisis del mismo se conocerá si se ha tenido una visión «imparcial», informa Ep.
Texto «consensuado»
No obstante, Juan García-Gallardo ha aprovechado para defender la Proposición de Ley presentada en las Cortes, ya que, como ha reiterado, desde su punto de vista es «de justicia» tratar de manera «neutral» a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX. «De eso no nos va a mover la ONU».
No obstante ha señalado que la Ley de Concordia se ha demorado debido a las negociaciones con el PP, algo que se ha hecho con «pausa, serenidad y mucho diálogo« y que ha concluido con un texto «consensuado» que se ha registrado en las Cortes de forma «conjunta», por lo que no vería «razonable» que los 'populares' se manifestaran ahora en contra.