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El Congreso alega que la ley ya está en el BOE para no revocar su veto a las enmiendas del Senado
El asunto provocó polémica porque nunca antes la Mesa del Congreso, órgano rector de la actividad parlamentaria, había mutilado un texto procedente del Senado impidiendo, de esa manera, que los diputados de la Cámara Baja se pronunciasen sobre las enmiendas aprobadas por los senadores como marca la Constitución. «El proyecto de ley en cuestión ha culminado ya su tramitación y fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de abril», razona ahora la Mesa del Congreso en su respuesta, en la que deja claro que, por ese motivo, «no se encuentra en condiciones de dar satisfacción a la pretensión del Senado».
Cabe recordar que, a la espera de que se resolviesen sus recursos de reconsideración contra la decisión de la Mesa de la Cámara Baja, el PP, ERC y Junts solicitaron formalmente, invocando el artículo 68.1 del Reglamento del Congreso, una modificación en el orden del día del Pleno de aquella semana para aplazar la ley. Algo que debería haber discutido ese mismo órgano. El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ejercía la Presidencia en esa sesión, decidió obviarlo en una interpretación muy discutida de la normativa interna parlamentaria y provocó que la ley de desperdicio alimentario, sin permitir que se votase un cambio en el orden del día que habría postergado su debate, se aprobase el jueves 20 de marzo.
Los diputados no pudieron pronunciarse sobre las enmiendas aprobadas en el Senado para la cogeneración de purines y la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los alimentos básicos. El Gobierno había interpuesto un veto a las mismas ante la Cámara Alta alegando una merma en la recaudación, algo a lo que le faculta el artículo 134.6 de la Constitución, pero su Mesa decidió no aceptarlo al considerarlo excesivo. Cuando regresó la norma al Congreso, aunque el precepto 90.2 de la Carta Magna establece que los diputados deben pronunciarse sobre los cambios introducidos por el Senado, el Ejecutivo registró un escrito de disconformidad contra esos y la Mesa de la Cámara Baja, en contra del criterio de su letrado mayor, Fernando Galindo, los extrajo del texto.
Solo la actuación de Gómez de Celis aquel día provoca que la ley esté ya publicada en el BOE —antes de resolverse el entuerto sobre si la Mesa del Congreso podía o no vetar esas enmiendas— y esa circunstancia es el primer argumento que ofrece ahora la mayoría del órgano de gobierno de la Cámara Baja. No es el único. En un escrito de doce páginas, ofrece hasta seis consideraciones para defender su actuación. Ninguna de ellas justifica por qué no se respetó el artículo 90.2 de la Constitución, que recoge que los diputados han de pronunciarse sobre los cambios introducidos por el Senado. Según publicó este diario, todas las fuentes jurídicas consultadas, más allá de la controversia y los matices, coinciden en que debió ser el Pleno quien se pronunciase sobre las enmiendas y que la Mesa no debería habérselo impedido en ningún caso.
En el texto que el Congreso remite ahora al Senado, en un choque institucional que va camino del Tribunal Constitucional, la Mesa de la Cámara Baja alega que la decisión de la Cámara Alta de ignorar la propuesta de veto del Gobierno, que entiende que estaba suficientemente argumentada según la doctrina constitucional, «le habría privado de ejercer su derecho constitucional (...) teniendo en cuenta que el artículo 134.6 de la Constitución no establece límite temporal alguno y, en consecuencia, que el veto gubernamental es posible mientras la iniciativa se encuentre en tramitación en cualquiera de las cámaras».
Con o sin presupuestos
La Mesa del Congreso responde que el Senado permitió la tramitación de enmiendas que suponen un incremento de gastos y una disminución de ingresos del presupuesto, «resultando irrelevante —añade— que el mismo sea un presupuesto aprobado el pasado año o prorrogado desde ejercicios anteriores». Uno de los argumentos de la Cámara Alta para rechazar el veto del Gobierno era, precisamente, que en toda la legislatura no se han aprobado presupuestos generales del Estado.
«Si se admitiera la conducta desempeñada por la Mesa de la Cámara Alta, se terminaría permitiendo que se vaciara de contenido la facultad del Gobierno de ejercer su veto presupuestario, ya que bastaría con presentar las enmiendas en la Cámara Alta para que el mismo perdiese toda su virtualidad», incide la Cámara Baja, en un argumento que no es del todo así porque, en última instancia, la decisión final de aceptar o no los cambios del Senado recaería en el Pleno del Congreso, que debería volver a pronunciarse.
El Congreso expone también que el Senado, en todo caso, no debería plantear un conflicto de competencias sino un recurso de inconstitucionalidad, que la Mesa del Congreso entendió que las razones esgrimidas por el Gobierno —y detalladas económicamente— eran suficientes para aceptar el veto y que en el trascurso parlamentario de la norma ya se habían asumido en la Cámara Baja vetos previos y similares del Ejecutivo a rebajas de IVA en alimentos.