Cataluña multa con 1,2 millones a Josep Pàmies por promover el dióxido de cloro para curar el autismo
No es la primera vez que la Generalitat impone multas a Pàmies y su asociación por estos motivos
Los querellantes se refieren a un tuit que García publicó el pasado lunes en el que escribía: «Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud«. El texto acompañaba a un vídeo subido a las redes por el presentador Pablo Motos en el que alababa las virtudes de lo que calificó como »la máquina más top de regeneración celular«.
En el vídeo, Motos se refiere a que ha encontrado la máquina en el centro 'SHA Wellness Clinic', de Alicante, y pide a la doctora Anna Baeza, que trabaja en ese centro de bienestar, que explique qué es esa «cama rara y espacial», como la define el presentador. La médico habla entonces de los supuestos beneficios de la máquina que, en resumen, a través del aire de la propia habitación conlleva beneficios como mejorar la regeneración celular, actuar contra el estrés crónico o luchar contra el envejecimiento, según sus palabras.
Para los querellantes, es «extremadamente grave que quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones se expresen en términos ofensivos, injuriosos y discriminando a todo un sector». Aseguran así que el sector de las terapias naturales engloba a 72.174 profesionales «que son a diario defenestrados, insultados, vejados, y ahora, incluso, injuriados, con comentarios que son más propios de la barra de un bar que de un cargo público presidiendo el Ministerio de Sanidad».
En la querella argumentan que las administraciones «no han cambiado ni modificado sus normas que reconocen la licitud del ejercicio profesional de las terapias no convencionales por no sanitarios» y que el Gobierno «no ha actuado» por lo que «se practican con absoluta normalidad». Por tanto, consideran que las palabras de García son «inadmisibles» y «debe ser inmediatamente denunciado ante el Tribunal Supremo a fin de que se investiguen los posibles indicios racionales de criminalidad».