La banca se suma a la ofensiva de las energéticas para frenar la renovación del 'impuestazo' a los dos sectores que prepara el Gobierno
La banca española da un paso al frente ante la intención del Ejecutivo de convertir en permanente el impuesto "extraordinario" al sector y se suma a la ofensiva de las energéticas para intentar frenar la renovación. Los dos grandes patronales del sector han alzado la voz para mostrar "su más enérgico rechazo" hacia una medida que consideran que ya no está justificada porque la subida de los tipos de interés en la que se amparaba el Gobierno se ha revertido.
"Si este impuesto, concebido como extraordinario, se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022, dicha justificación ya no tiene vigencia", señala un comunicado difundido este jueves por las patronales bancarias AEB y CECA. "Es preciso señalar que la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente. El BCE ha comenzado a recortar los tipos oficiales", añade, antes de señalar que el Eurobanco ha aplicado un recorte de 75 puntos básicos en lo que va de año.
Ambas organizaciones advierten de que gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario "significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía" y alertan además de que si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características. "Constituye una desventaja competitiva para los bancos españoles y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga", señalan.
La reacción de las patronales bancarias se produce coincidiendo con los trabajos del Gobierno para adaptar los impuestos que creó para gravar de manera temporal a las compañías energéticas y los bancos durante el periodo de tipos altos, alegando que esa política monetaria generaba en ellas "beneficios extraordinarios". Sólo en 2024, Hacienda recaudó 2.859 millones de este tributo.
El Ejecutivo se comprometió con sus socios de Sumar a convertir la figura en una tasa permanente a partir del próximo año y en estos momentos se encuentra estudiando las fórmulas para hacerlo. Sin embargo, en los últimos días las energéticas, con Repsol a la cabeza, han liderado una ofensiva para frenar los planes de Moncloa que cuenta, además, con el respaldo por parte de los socios de investidura de Sánchez, PNV y Junts.
Los independentistas catalanes anunciaron su oposición al impuesto ante la amenaza de Repsol de suspender potentes inversiones en Cataluña, obligando con ello a retrasar la reforma para perpetuar la tasa. El PNV, por su parte, ha advertido de que no aceptarán que siga el gravamen temporal a las energéticas y a los bancos, sino que, en todo caso, pase a ser un impuesto, y este sea concertado para que Euskadi pueda "graduarlo". "Es parte de nuestra soberanía y no vamos a renunciar", ha advertido el portavoz vasco en el Congreso, Aitor Esteban.
Los bancos se suman ahora a esa ofensiva para frenar los planes de Moncloa respecto a los tributos advirtiendo de que, en el caso del impuesto al sector financiero, este tipo de medidas "tiene un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real" y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía. "La recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en España en la capacidad de financiación del sector bancario", advierten la AEB y CECA.
"Además, supone un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el BCE o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas", añaden.
Por último, consideran que la incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, "como señalan las informaciones, merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad".